Con frecuencia se escucha la queja sobre los altos salarios de los funcionarios públicos con observaciones que contradicen el espíritu de las demandas de mejoría de los servicios y avances en la lucha contra las muchas formas de corrupción, algunas muy sofisticadas, que se dan tanto en el aparato estatal como en la actividad privada, en perjuicio ambas del bien común. Y si bien es cierto que la queja es pertinente y ataca un vicio ancestral en nuestra vida republicana, no suele tomarse en cuenta una realidad que otros países han visto con claridad meridiana.
El caso es que si queremos realmente mejorar la calidad de la administración pública y fortalecer la lucha contra el robo de los recursos nacionales, en la infinidad de modalidades que todos sabemos que se practican, es necesario, yo diría imprescindible, poseer una burocracia estatal eficiente, bien dotada tecnológicamente y, sobre todo, muy bien pagada.
Si no lo entendemos así, el talento nacional seguirá migrando hacia el sector privado, el Estado quedará en desventaja y los gobiernos perderán toda confrontación relacionada con la discusión de los grandes temas nacionales.
Por esa razón es de la mayor trascendencia garantizar la creación de un servicio civil del más alto nivel, con un equipo de técnicos especializados en las distintas áreas de la Administración, ofreciendo garantías de permanencia, ascensos escalonados y beneficios similares a los que se ofrecen en las mejores empresas. Solo así la nación se sacudirá del cáncer de las botellas y las premiaciones por servicios de campañas electorales, que tanto han entorpecido nuestro crecimiento, y se encaminará por un sendero seguro y confiable en la lucha contra todas las malas prácticas que se dan en la administración pública.
Naturalmente no se trata de un esfuerzo de resultados inmediatos. Pero es una meta alcanzable que merece todo el apoyo posible.
