En la medida que avancen los días, la presente campaña electoral irá transitando un camino vertiginoso que tiene como meta final el 15 de mayo del 2016, fecha programada para el certamen comicial establecido por nuestra Constitución. Y vendrán las caravanas, confrontaciones verbales y ese sinfín de actividades proselitistas a las que ya estamos acostumbrados.
A propósito del quehacer tradicional de las organizaciones políticas en época electoral, quise referirme al pretendido impacto de informaciones aviesas que he leído y escuchado recientemente en distintos medios de comunicación.
En cada reflexión que me complace compartir con ustedes, amigos lectores, busco acercarme lo más que pueda al sentido crítico, objetivo y sobrio de mis puntos de vista, más todavía cuando trato algún tema vinculado a la gestión de gobierno que encabeza Danilo Medina.
Quiero hacer valer esta precisión, porque en mis análisis intento alejarme de las peligrosas garras del fanatismo político, que tiene el poder de nublar la razón y convertir incluso mentes lúcidas en víctimas de la diatriba dañina y ponzoñosa; esa que solo busca dañar honras sin aportar al debate productivo y concienzudo.
Todo esto viene a cuento, a raíz de las versiones infundadas puestas a circular a modo de chismes de vecindario, sobre unas supuestas exoneraciones autorizadas por el gobierno para beneficiar a dirigentes medios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Los responsables de difundir esta especie no han sido siquiera capaces de identificar la fuente de dónde provino semejante infamia. Mucho menos se han responsabilizado de ofrecer nombres y apellidos que puedan servir para sustentar esta acusación.
Nada es más parecido a una guerra que una campaña política, porque están basadas en ataques y contraataques, hay enemigos visibles y otros no tan visibles, y lo que importa después de todo es ganar, sin importar los medios.
República Dominicana no es la excepción en este escenario. Solo que como Estado no hemos sido capaces de consensuar un mecanismo legal que limite las campañas cimentadas en inventivas y falsedades, dirigidas a hacer trizas la moral del adversario.
Es a lo que los teóricos de la comunicación y marketing político llaman campaña sucia, que más que resaltar los errores del contrario los inventa y recurre a toda clase de artimañas para hacerlos ver reales.
La campaña sucia distorsiona la realidad y persigue la enajenación mental de los votantes; atribuye a la oposición situaciones inexistentes y sus actuaciones traviesas no conocen la frontera de la ética, la dignidad y el decoro.
Pero, al no estar basada en verdades demostrables, la campaña sucia suele convertirse en un búmeran para los políticos opositores. Sus efectos se revierten fácilmente contra quienes la patrocinan, precisamente por surgir de ese sub mundo al que pertenecen aquellos políticos incapaces de centrar sus debates en propuestas programáticas y constructivas.
Por suerte que la sociedad dominicana ha despertado lo suficiente para conocer de entre nuestros políticos al “cojo sentado y al ciego durmiendo”. Hemos avanzado bastante para discernir lo bueno y lo malo de nuestra clase política.
Dañar con mentiras la imagen de un gobierno que por conducirse con sabiduría ha alcanzado sitiales jamás vistos en este país, es doble error de la oposición en la presente batalla electoral: estratégico y táctico. Olvidan que, como en la guerra, en la política no siempre “todo se vale”.
