La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto que modifica la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la cual pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. La misma había sido aprobada con modificaciones por el Senado.A solicitud del vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara Baja, Elpidio Báez, la pieza fue declarada de urgencia y minutos después aprobada en dos sesiones consecutivas con 100 a favor y dos en contra. Previamente fue rechazada una solicitud de modificación hecha por el diputado perremeísta, Alexis Jiménez.
Al motivar la aprobación, Báez, en su condición de presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía del hemiciclo, señaló que la ley establece algunas novedades, como es la reducción de 17 a ocho miembros del Consejo Superior Policial, siete de los cuales tendrán derecho a voto y la que disminuye el número de oficiales generales a 20 en un periodo de 24 meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley. Actualmente la institución tiene 51 generales.
Se contempla, además, la creación de las condiciones de investigación para fortalecer el Departamento de Asuntos Internos y que la institución será dirigida por un director general, que sería nombrado por el Presidente de la República por un espacio de dos años. Tan pronto culmine su período de dos años sería puesto en retiro de manera automática.
La iniciativa tiene por objeto modernizar y adecuar el marco jurídico existente, así como actualizar y cambiar sus regulaciones.
Otros mandatos
De igual modo, se crean los mecanismos e instancias especializadas para la participación ciudadana en los asuntos de seguridad pública. Además, reforma el Sistema de Seguridad Social de sus miembros pasando a ser adoptados estos por la Ley No. 87-01, del 9 de mayo de 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. En su artículo 35, la nueva Ley Orgánica de la Policía, señala que el director de Asuntos Internos de esa institución será designado por el Presidente de la República de una terna de generales que le presente el Consejo Superior Policial.
La iniciativa policial propone también que el personal técnico y de apoyo de servicios administrativos se rija por la Ley de Función Pública núm. 41-08, del 16 de enero de 2008. También crea la Dirección Central de Policía de Turismo, entre otras renovaciones.
En ningún caso se asignarán agentes policiales para protección a personas físicas (dominicanas o extranjeras), o de seguridad para compañías privadas, sociedades o asociaciones sin fines de lucro. En los casos de agentes de seguridad asignados a oficiales en retiro, su cantidad no podrá ser mayor de tres.
Inconstitucional
Al tomar un turno, el diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, consideró que el aprobado proyecto de ley orgánica de reforma la Policía viola la Constitución de la República, al dar facultad a comisiones independientes de ciudadanos a realizar investigaciones sobre crímenes y delitos, ya que ésta es una atribución exclusiva del Ministerio Público. “Los artículos 38 y 39 de la ley que ha sido aprobada violan la Constitución y el Código Procesal Penal, ya que establece la posibilidad de que en casos de crímenes y delitos sean nombradas comisiones independientes compuestas por ciudadanos”, agregó el legislador opositor.
La obligatoriedad de la custodia policial
El artículo 94, señala que es obligación de la Policía Nacional custodiar y proteger a ministros, viceministros, directores generales, legisladores, jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral, del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público y de la Junta Central Electoral; ex presidentes y ex vicepresidentes, testigos o personas vulnerables en casos judiciales, oficiales retirados, así como custodiar a dignatarios extranjeros que estén de visita en el país y edificios públicos y sedes diplomáticas.
La Cámara de Diputados aprobó otras iniciativas
En adición a eso, los diputados en la sesión ratificaron la resolución aprobatoria del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinados a abolir la pena de muerte, aprobado el 15 de diciembre de 1989. También ratificaron la resolución aprobatoria de la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto de la convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, elaborada y adoptada en la Conferencia de las Partes, celebrada en Doha, Qatar, el 8 de diciembre de 2012.
