La mayoría de nuestras autoridades y buena parte de la ciudadanía sigue pensando que es posible actuar como autócratas en desmedro de los valores democráticos y mantener la pose de que vivimos en democracia.
En sociedades como la nuestra, la falta de educación de calidad que afecta a la mayoría de la población facilita a los gobernantes mantener discursos plagados de demagogia y populismo, con los que manipulan la información e hipnotizan, hasta que les dure el encanto, a muchas personas que por pasión o por conveniencia están dispuestas a respaldar ciegamente las decisiones de un líder.
Afortunadamente siempre hay una porción de la ciudadanía que va más allá de lo que sus gobernantes desean que vean, escuchen y sepan, que está consciente de que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo de quien, como dice nuestra Constitución, “emanan todos los poderes”, siendo las autoridades meros representantes que tienen la obligación de responder ante su representado, aunque en este país esto sea una utopía.
El empoderamiento ciudadano ha encontrado su mejor aliado en el desarrollo y expansión de las telecomunicaciones y particularmente de las redes sociales, las que han valido más que miles de páginas escritas en Constituciones que no se cumplen, para hacer efectivo el ejercicio de algunos derechos o al menos para denunciar sus violaciones y provocar transformaciones.
Nuestras autoridades, conscientes del inmenso poder de estas redes, hacen un uso masivo de las mismas, pero al mismo tiempo pretenden absurdamente seguir actuando bajo los mismos métodos represivos del pasado utilizados bajo la opacidad, dado que la denuncia o publicación de una noticia dependía de la valentía de un puñado de periodistas y de medios que arriesgaban sus vidas o su supervivencia.
Parecieran olvidar que hoy día cada ciudadano con su casi inseparable teléfono móvil, puede grabar, fotografiar y difundir al instante las imágenes de hechos acontecidos, que tendrán difusión no solo localmente, sino hasta los puntos más lejanos que se quiera llegar a través del espacio cibernético.
La forma abusiva y atropelladora en que fueron desalojados pacíficos ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a la libertad de expresión y de reunión, algunos de los cuales gozan de gran respeto en nuestra sociedad, por la acción desmedida de fuerzas policiales que hoy como ayer están dispuestas a reprimir a la ciudadanía mediante el uso de la fuerza por mandato de sus superiores, retrata de cuerpo entero la intolerancia y poco respeto a la ciudadanía que exhiben nuestras autoridades, así como su irrespeto a la Constitución, la ley y a decisiones emanadas del poder judicial, como la sentencia dictada por el Tribunal Superior Administrativo ratificando el derecho a protestar del Movimiento Poder Ciudadano.
Los reclamos que está haciendo ese grupo de ciudadanos por causas tan legítimas como la lucha contra la corrupción, de alguna forma son la viva expresión del sentir de mucha gente, que aunque no salga a las calles, ni lo divulgue por escrito, está hastiada de que la impunidad siga siendo el caldo de cultivo en el que la corrupción se multiplica insospechada y descaradamente, arrebatándonos a todos las oportunidades de gozar de mejores condiciones de vida y de servicios públicos y de avanzar hacia el verdadero desarrollo.
Los repetidos intentos de silenciarlos a empujones, sacándoles en andas en total irrespeto de sus derechos fundamentales, solo lograrán hacer crecer la llama, en cada vez más personas, que formarán cadenas humanas físicas, espirituales o virtuales, para recordarles a nuestras encumbradas autoridades, que existe el Poder Ciudadano.
