Luego de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hiciera la advertencia, representantes de los gremios periodísticos locales visitaron la Cámara de Diputados para expresar su rechazo al intento de elevar la difamación y la injuria a la categoría de delito penal.El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) coincidieron al afirmar que el proyecto de reforma al Código Penal sería un abierto impulso a la autocensura de los profesionales de la comunicación social, además de un retroceso jurídico para la República Dominicana.
“Condenar a prisión a un periodista es amenazarlo antes de escribir una información por temor a ir a la cárcel, lo que podría conducir a la autocensura en los medios”, expresó el presidente del CDP, Aurelio Henríquez.
Mientras, Olivo de León, presidente del SNTP, advirtió que de ser aprobado el proyecto entraría contradicción con la política de transparencia que tanto se ha predicado en los últimos años, desde los diferentes poderes del Estado.
“Consideramos que esa acción es contraria a las nuevas corrientes del ordenamiento político cuya tendencia es despenalizar los delitos de prensa”, dijo De León al participar del encuentro con los legisladores de la Comisión de Comunicación de la cámara baja.
También estuvieron presentes en el debate la comunicadora Consuelo Despradel y Robert Vargas, director de Ciudadoriental.org.
Luego de las discusiones, el diputado oficialista Nelson Guillén aseguró que trabajará para que los delitos de prensa que se observan en el proyecto de modificación del Código Penal sean eliminados.
Para Guillén, el país no puede dedicarse a limitar la libertad de expresión de los ciudadanos justo cuando el mundo nada hacia una corriente contraria, de libertades públicas. Según los reportes de la SIP, el proyecto podría castigar con cárcel los insultos a la figura presidencial y legislativa.
