Uno de los propósitos de una sociedad democrática es el de garantizar un clima de paz en el que los ciudadanos se sientan seguros. Si por alguna razón la gente siente temor de salir a las calles y no tiene la confianza de que al regresar a su casa no habrá sido víctima de un robo o asalto, entonces hay una dificultad que requiere ser atendida con urgencia. El solo hecho de que los dominicanos perciban que el problema nacional más grave es el de la delincuencia, es una realidad que evidencia la delicada situación en la que se encuentra la seguridad pública en el país.
Cambiar esa percepción no es cuestión de un debate público para que se valoren los avances logrados en materia de seguridad. La opinión de la sociedad solo cambia con políticas que aseguren la reducción continua de la delincuencia y la violencia. Se debe partir de un ejercicio responsable para determinar las causas de dicha percepción. Una de ellas son los casos de robos y atracos, en los que no necesariamente pierden la vida las víctimas, pero que afectan a muchas personas, generando un clima de inseguridad. De esta manera, aunque baje la tasa de homicidio, indicador relevante en materia de seguridad pública, la percepción de inseguridad se mantiene pues los dominicanos siguen siendo afectados por la delincuencia común.
Se reconocen los aportes del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (911) en la investigación del crimen y la promoción de un clima de seguridad. No obstante, esta iniciativa por sí sola no cambia la percepción ciudadana respecto al problema, ni podrá significar una solución a la situación de inseguridad. Esto es así, por la sencilla razón de que la población es testigo de la participación activa de miembros de la Policía Nacional (PN) en el crimen y de los altos niveles de impunidad generados por un sistema judicial que no puede, o no quiere enfrentar este problema.
Por otro lado, la tan defendida política de “mano dura” contra la delincuencia ha demostrado su enorme ineficiencia. Esta práctica no ha sido más que una clara violación del derecho a la vida y al debido proceso. Los “intercambios de disparos” solo han servido para asesinar jóvenes pobres, para impedir que se profundicen las investigaciones vía la eliminación de testigos y para entrenar a potenciales sicarios. En fin, la percepción solo cambiará cuando se impulse un plan integral de seguridad ciudadana, que suponga una reforma profunda de la PN y la justicia y la promoción de una mayor equidad en la sociedad.
