El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró este lunes que los planteamientos del presidente del Consejo Nacional de la empresa Privada (Conep), Rafael Blanco Canto, son iguales a los de la agenda del Gobierno, pero entiende que deben ser despolitizados.
Peralta recordó que el presidente Danilo Medina había planteado en medio del proceso electoral la necesidad de la aprobación de la ley de partidos, y que incluso llamó a los presidentes de ambas cámaras del Congreso a agilizar el conocimiento del proyecto de ley.
“La posición que ha externado el Conep en cuanto a la parte institucional es la misma agenda del Gobierno. El presidente durante la campaña electoral en dos o tres escenarios se refirió al tema de la ley de partidos y la necesidad de la reforma al sistema electoral”, dijo.
Asimismo, el ministro recordó que él abogó porque se conociera el proyecto de una manera democrática, amplia y abierta, y aseguró que desde el Gobierno continúan trabajando para mejorar la estabilidad institucionalidad democrática del país.
“En diciembre del año pasado, en uno de los medios yo hablaba que debía conocerse la ley de partidos y que fuera lo más democrática, amplia y abierta posible. Inclusive plantee que se conociera después del proceso electoral, antes o después, que era el mejor momento, es decir que esa ha sido la agenda nuestra”, continúo argumentando Peralta.
Hace unos días, Blanco Canto, dijo en su disertación ante la Cámara Americana de Comercio que el Gobierno debe trabajar en cuatro pilares fundamentales para garantizar un sistema democrático sano en la República Dominicana. El primero es la aprobación de una nueva Ley Electoral que marque las reglas de los procesos electorales de manera clara, el segundo es la aprobación de una Ley de Partidos que establezca procesos institucionales para la selección de las autoridades de los partidos políticos y los candidatos a posiciones electivas, con reglas claras que garanticen la transparencia.
El tercer punto marcado por el Conep fue la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal, que establezca un mayor rigor en el uso del Presupuesto Público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, los déficits y la deuda pública y el cuarto la plena independencia y fortalecimiento de las instituciones llamadas a implementar y regular todo lo relativo al proceso electoral y a garantizar el cumplimiento de las leyes, pues las normas por si solas no bastan.