Pepe Goico fue interrogado ayer por la fiscal del Distrito como parte de la investigación, tras la denuncia de un complot para derrocar el presidente haitiano.Pedro Julio Goico, coronel retirado, llegó al despacho de la magistrada Yeni Berenice Reynoso, después de las 4:00 p.m. y se retiró pasadas las 5.30. No quiso contestar ninguna de las preguntas de los periodistas.
En tanto, Ramón Pina Acevedo, abogado de Pepe Goico, dijo que “lo que lamento es que Nuria Piera no estuviera aquí”. Agregó que fue un interrogatorio corto y por el momento la magistrada no fijó nueva citación.
Cinco millones de indemnización
En la mañana de ayer, los abogados Julio Cury, Manuel Sierra y Rafael Linares, actuando a nombre de Pepe Goico, sometieron un recurso de inconstitucionalidad porque, según alegan, a su cliente se le violaron sus derechos.
La instancia concluye solicitando que se reconozca que se ha lesionado el derecho a la intimidad y honor personal del recurrente y, a este fin, se declare nulo el acto número 379-2012, mediante el cual se le citó a la fiscalía. También disponer la destrucción de las grabaciones publicadas y la prohibición de su utilización y acordar a favor del impetrante una indemnización a ser pagada por los responsables de su divulgación, por el daño moral causado al recurrente; fijar la compensación en atención a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, en cinco millones de pesos.
Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, dijo que al recurso de inconstitucionalidad solicitado por Pepe Goico se le dará el mismo tratamiento que a todos los demás y se conocerá acorde con los plazos establecidos por la ley. Junto a Goico se vincula a la trama al nacional haitiano Pierre Kanzki.
“Divulgación de la grabación fue ilegal”
El recurso explica que los funcionarios públicos presentes en la rueda de prensa, en la cual se dio a conocer la información, actuaron excesivamente en razón de que aun aceptando la legitimidad de la grabación telefónica, el secreto de las informaciones no podía divulgarse, sino que la grabación debió entregarse al juez que la autorizó y presentarse como medio de prueba.
