La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), informó que continúa realizando el análisis y las pesquisas correspondientes a las 20 auditorías que durante el 2016, les ha remitido la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), en referencia a declaraciones recientes de la presidenta de esa institución.
“En muchos de estos casos no hay mérito para realizar procesos judiciales y en otros las investigaciones ya están en una etapa avanzada”, dice la PEPCA.
Precisa que este proceso de análisis y pesquisas es necesario, porque “las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas a una institución del Estado, no necesariamente implican consecuencias penales y por sí solas no constituyen elemento probatorio de una investigación penal por corrupción”.
El organismo dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), explicó que la remisión de las auditorias, aún con soportes, “no convierte este informe de manera automática en un acto conclusivo en materia procesal penal, sino, y más bien, en el potencial inicio de una investigación en los casos en que exista mérito”.
“Básicamente, son auditorias financieras y de gestión, que se hacen para verificar la ejecución presupuestaria y no la verificación de hechos penales, para lo cual es imprescindible realizar auditorías forenses”, puntualiza la declaración.
Destaca que recomiendan desarrollar a futuro procedimientos en los que, la entidad fiscalizadora del Estado involucre al Ministerio Público, cuando en el curso de las auditorías se detecten irregularidades específicas, para que como jefe de la investigación penal, participe oportunamente en las pesquisas que correspondan. De este modo, juntos reunirían las evidencias necesarias, para sustentar con más rapidez un proceso penal ante los tribunales.
“Esas auditorías en ocasiones señalan que no identifican irregularidades de índole penal, en otras los hallazgos no suelen ser por sí solos suficientes para presentarlos de forma inmediata como elementos únicos y conclusivos para la judicialización, y en algunos otros casos se detectan situaciones que cambian los hallazgos plasmados en las mismas”, precisa.
Es por ello que el Ministerio Publico, al recibir esas auditorias, debe iniciar casi desde cero, la búsqueda de los elementos propios de investigación penal, para “lograr en lo posible evidencias ciertas que apoyen y fortalezcan los hallazgos de esas auditorias”, destaca la PEPCA.
