La Cámara de Diputados está empeñada en mantener a la República Dominicana entre los países más atrasados del mundo en relación a la penalización del aborto. Efectivamente, la aprobación en dos lecturas de un Código Penal que condena la interrupción del embarazo sin tomar en cuenta algunas excepciones fundamentales, sitúa al país entre los pocos Estados del mundo que mantienen disposiciones de este tipo. Esta decisión evidencia, que tras el discurso del supuesto respeto por la vida desde la concepción hasta la muerte, se esconde un profundo desprecio por la vida de las mujeres.
Se contradicen los diputados de su propia decisión, cuando en el 2014, atendiendo a las observaciones del Ejecutivo al Código Penal, aprobaron la despenalización del aborto bajo tres causales distintas. Estas fueron, la interrupción del embarazo en caso de que la vida de la madre corra peligro, en caso de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida. Para estos últimos casos, una ley especial establecería los requisitos. Al declarar inconstitucional el Código Penal, el Tribunal Constitucional no se refirió a este punto, sino a la forma en que fue aprobado.
En Chile, uno de los pocos países de América Latina que mantienen la prohibición total del aborto, los diputados aprobaron una reforma que permitiría algunas excepciones para la interrupción del embarazo. En tanto aquí, nos resistimos a incorporar avances en el marco legal que hagan posible el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Impedirles a las mujeres que puedan decidir la interrupción del embarazo hasta en las circunstancias más extremas, es condenarlas a morir. De esta manera, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto que las penaliza.
Contrario a lo que creen los grupos conservadores enquistados en el Congreso, bajo cualquier denominación política, la criminalización de toda forma de aborto no reduce su número. Las estadísticas internacionales así lo demuestran. Este tipo de disposición lo que hace es condenar a las mujeres al aborto clandestino e inseguro y atentar contra el derecho a la vida y a la salud de una parte importante de nuestra población.
Ahora corresponde al Senado conocer el proyecto de Código Penal y por lo tanto, esperemos que tome en cuenta que el acceso a la interrupción del embarazo en circunstancias especiales es una apuesta por el derecho a la vida.
Esencialmente, el derecho de las mujeres más pobres, las cuales no tienen la posibilidad de salir del país para garantizar su vida o para evitar el calvario de seguir adelante con un embarazo producto de una violación o incesto.
