Lamentablemente en nuestro país y otros en vías de desarrollo, no todo el mundo entiende la importancia de tener instituciones fuertes dirigidas por personas independientes, por eso se permite que los gobiernos de turno se sorteen las mismas distribuyendo algunos puestos a otros partidos sin una mayor oposición, hasta que situaciones de crisis ponen en evidencia su total ineficacia debido al control político partidario a que están sometidas.
La grave crisis que afecta a Venezuela es precisamente más complicada porque el poder ejecutivo controla absolutamente el Tribunal Supremo de Justicia por lo que todas las decisiones del mismo, incluyendo las de su Sala Constitucional, responden al interés del autoritario y disparatado régimen de Nicolás Maduro, llegando a los extremos de dictar decisiones totalmente contrarias a la Constitución y la ley para validar los caprichos e ilegalidades del agonizante régimen que ha sumido a ese país en un colapso total de su economía y de todos los servicios, convirtiéndolo en un Estado fallido.
Por eso todas las disposiciones de la Constitución venezolana, como es el caso del derecho ciudadano a ejercer un referendo revocatorio en contra del presidente se convierten en letra muerta, pues cuando las instituciones están al servicio del partido gobernante pierden totalmente su razón de ser y sucede lo que está aconteciendo en ese país, que el Consejo Nacional Electoral se resiste a cumplir con mandatos constitucionales y legales, como es el caso de la validación de las firmas para poder convocar el referendo revocatorio.
Y es que las instituciones en países de escasa valoración por el respeto a la ley no son más que instrumentos de poder utilizados discrecionalmente por los gobernantes, quienes desvirtúan completamente el rol que las mismas están llamadas a cumplir. Y para transformarlas no es cuestión de buscar mecanismos complejos de selección de sus miembros, sino de elegir personas con demostrada capacidad, responsabilidad, integridad e independencia para cumplir su rol.
La Constitución de 2010 incorporó un Tribunal Constitucional y un Tribunal Superior Electoral que sumados a la Suprema Corte de Justicia constituyen las Altas Cortes. La trascendencia de una justicia constitucional no tiene que ver con que se imparta desde un tribunal constitucional o una sala dentro de la Suprema Corte como muchos entienden debería haberse hecho, sino de la independencia con que sus miembros actúen, muy especialmente frente al poder ejecutivo que la misma está llamada a controlar para sancionar la comisión de acciones reñidas con la Constitución.
Lo mismo sucede con el poder legislativo, el cual pierde su esencia cuando por el absoluto dominio del partido gobernante, como es el caso nuestro, se convierte en un simple validador de todas las decisiones del ejecutivo y cuando las acciones de la mayoría de los legisladores responden a los intereses de su partido y no a los de la nación mediante un ejercicio responsable e independiente.
La actual crisis poselectoral en el país es más grave no solo por la mayúscula falta de organización, planificación y racionalidad en las decisiones de la Junta Central Electoral (JCE), sino porque por su conformación esa JCE ostensiblemente controlada por el partido oficial y dominada autoritariamente por su presidente, no da los niveles de confianza necesarios para que los partidos políticos y la sociedad confíen en sus decisiones como árbitro y organizador del proceso.
Ojalá no tengamos que darnos cuenta muy tardíamente en medio de una crisis mayor, que de nada sirven las garantías constitucionales si las instituciones no son independientes de los intereses políticos partidarios y de lo peligroso que puede ser que las mismas estén totalmente controladas por los humores de los gobiernos de turno.
