Las elecciones sacan a flote el lado más oscuro de nuestra política, las apetencias desmedidas, la enfermiza capacidad de prometer mentiras y esconder verdades, la inusitada voluntad para desguazar los recursos públicos y la ausencia de una convicción de búsqueda de los mejores intereses de la Nación que revelan no solo muchos políticos, sino una parte de la sociedad que es cómplice de los mismos.
Luego del bacanal de cada proceso electoral en el que se despilfarran cada vez más recursos en campañas fútiles y en adquisiciones de equipos como la realizada por la Junta Central Electoral con los de conteo electrónico que probablemente hará que millones de dólares se pierdan oxidados en algún almacén, vienen los reclamos que se intentan acallar con nuevas promesas de que se aprobará finalmente una ley de partidos políticos, que se modificará la ley electoral o que se repartirá la composición de los organismos electorales como tantas veces se ha hecho.
Parecería que volvemos inocentemente a pensar que la panacea para la falta de ética, las transgresiones a la ley y la moral, la ausencia de convicciones democráticas fuera la aprobación de nuevas legislaciones, como si estas tuvieran un efecto mágico de cambiar la naturaleza de los que están llamados a ser regulados por estas; o peor aún, que nos siguen deliberadamente dando el mismo remedio para silenciar los reclamos bajo la convicción de que su aprobación poco cambiará.
Deberíamos tener suficiente experiencia como para entender que ni todo problema se resuelve con una ley ni toda solución requiere de una, y lo primero que deberíamos hacer antes de seguir la desenfrenada aprobación de leyes que tenemos, es entender que la fortaleza de la ley radica en que sea cumplida de igual forma por todos y que de lo contrario cada quien reciba su castigo, y que mientras eso no sea una realidad las mismas seguirán acarreando inequidades y mayor resquebrajamiento de nuestra institucionalidad.
También debemos entender que ninguna reforma funciona manteniendo todos los lastres que provoca la crisis que motivó la misma, como ha sido el caso del sector eléctrico, ni las superposiciones, duplicidades y choques de competencias entre múltiples organismos del Estado, como ocurre con el tránsito, lo que a su vez provoca que cada entidad o la que tiene más recursos o influencia, implemente sus proyectos que generalmente carecen de una visión o planificación integral.
Luego de meses sin dedicarse a la labor legislativa por estar en afanes reeleccionistas, nuestros congresistas nos acosan con la urgente aprobación de proyectos de ley por querer demostrar una eficiencia que no tuvieron o por otras razones quizás malsanas, que si bien algunos tienen tiempo siendo discutidos pretenden ser aprobados sin haber tomado en consideración los comentarios realizados por múltiples sectores.
Las apetencias se extreman y las formas se olvidan por la urgencia del vencimiento de los mandatos que hará que muchos no sigan disfrutando de los beneficios de sus puestos, pretendiendo aumentos salariales y pensiones que no corresponden, disponiendo fraudulentamente de bienes públicos como áreas verdes e inmuebles del Estado, tomando decisiones o suscribiendo contratos que limitarían las posibilidades de sus sucesores o provocando conflictos como mecanismo de chantaje.
Y es que la vorágine de la transición hace que quienes se vendieron como ovejas saquen sus pezuñas de lobos, que los que no trabajaron a tiempo pretendan imponer urgentes aprobaciones para satisfacer sus cuotas personales sin pensar en lo que conviene o no al país y que una vez más se compruebe que no habrá ley que controle los vicios de nuestra política si no empezamos por extirpar los vicios mismos.
