El 6 de diciembre próximo se celebrarán las elecciones legislativas en Venezuela, las cuales en medio del deterioro de su economía y del resquebrajamiento del régimen chavista, significan mucho más que escaños en el Congreso.
Realmente simbolizan el momento esperado para provocar un cambio, no solo por la oposición venezolana, sino por gran parte de la población, acogotada por la crisis en la provisión de bienes y servicios públicos esenciales, debido a las equivocadas acciones y políticas de más de quince años de revolución bolivariana.
Aunque todas las encuestas creíbles proyectan que la oposición ganaría abrumadoramente las elecciones, todavía muchos venezolanos temen que el cambio pueda producirse en ese otrora rico país, ya que las reglas del juego electoral venezolano ni son imparciales, ni son justas, puesto que el Consejo Electoral está totalmente controlado por el presidente Maduro.
Sin embargo, el entorno internacional hace predecir el comienzo del fin del régimen chavista, no solo porque los precios del petróleo han experimentado grandes reducciones lo que ha agravado la situación económica del país, sino porque los grandes aliados del régimen o están marcando distancia, como inteligentemente hicieron los Castro desde hace meses con su acercamiento con los Estados Unidos, o están demasiado ocupados con los escándalos de corrupción como es el caso de Brasil, o saldrán del poder, como acaba de suceder en Argentina.
Mientras la revolución del siglo XXI ha perdido aliados, la oposición ha ganado defensores, muchos de los cuales cerraron sus ojos durante años, quienes ante los extremos a que se ha llegado en Venezuela, como la ilegal y abusiva sentencia contra el opositor Leopoldo López, han decidido erigir su voz; siendo una de las más recientes manifestaciones la carta pública suscrita por los jefes de gobierno de España Mariano Rajoy y del Reino Unido, David Cameron, los expresidentes de España y Chile, Felipe González y Ricardo Lagos, así como el secretario del Consejo de Europa, en la que expresan que “la democracia no funciona cuando el ambiente electoral está dominado por la violencia, las amenazas y la intimidación a la oposición”, y finalmente se atreven a proclamar que “reclamar la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela no es injerencia: es nuestra obligación como demócratas”.
Ante el rechazo de la presencia de los observadores internacionales independientes propuestos por la OEA y la Unión Europea, el régimen solo ha aceptado una observación de UNASUR, la cual luce comprometida y parcial.
La selección del expresidente Leonel Fernández como jefe de la misión de observación electoral, lo coloca en una peligrosa situación, pues ante el decaimiento interno de su liderazgo sería riesgoso que también viera disminuida su imagen internacional. Su nuevo rol lo coloca como el líder de una misión observadora que aparenta hecha a la media de un régimen desacreditado.
Difícil tarea la que tendrá el expresidente Fernández, pues ha dicho que su papel “es el de contribuir a que el proceso transcurra de forma democrática, que nos permita certificar y legitimar lo que resulte del proceso”; lo que con un presidente impredecible e irracional como Maduro, será muy difícil, y sea cual sea su accionar, le haría perder imagen, ya sea frente a la comunidad internacional, que esperaría que denuncie cualquier irregularidad, o frente a un régimen, que fue muy dadivoso con él y pretenderá pasarle factura, que esperará que legitime todo, bajo un escenario creado por este, en el cual no hay nada que una observación pueda realmente garantizar.
