La opinión pública internacional sigue con atención los acontecimientos en Brasil, país que de ser el fenómeno del crecimiento económico y liderazgo regional bajo la égida de Lula da Silva, ha pasado a convertirse en el centro de uno de los más sonoros escándalos de corrupción y escenario de grandes pugnas políticas y disgusto ciudadano que podrían provocar un juicio político contra su presidenta Dilma Rousseff.
Según reseñan los medios de comunicación, la petición de juicio político está fundamentada principalmente por la comisión de lo que se ha denominado como “pedaladas fiscales”, una especie de subterfugio contable que consiste en el maquillaje de las cuentas públicas o la utilización de fondos indebidamente para cubrir déficits, lo que se alega constituye un motivo legal para llevar a cabo dicho proceso.
Particularmente se ha dicho que estas “pedaladas” implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas del Gobierno lo que está supuestamente prohibido por una ley de Responsabilidad Fiscal, maniobras que al parecer no solo han sido utilizadas por el gobierno de Rousseff sino por sus predecesores, aunque se argumenta que la práctica ha aumentado durante el mismo, señalándose que incluso el Tribunal de Cuentas de Brasil rechazó las cuentas de su administración correspondientes al año 2014 por esas razones.
Lo más interesante en este caso son los hechos denunciados, indiscutiblemente innovadores, ya que no se trata del común alegato de corrupción, sino de supuestamente haber contribuido a una crisis fiscal sin precedentes en Brasil. Por eso el diputado Arantes responsable de la redacción del informe favorable de la Comisión Especial de “Impeachment” en la Cámara de Diputados expresó al presentar dicho informe que el crimen de responsabilidad fiscal supuestamente cometido por Rousseff “es una infracción de naturaleza política y administrativa”.
Este proceso que ha desatado múltiples gestiones lideradas por el propio expresidente Lula para conseguir apoyos, el cual pasará su primera gran prueba el próximo lunes 18 de abril, plazo máximo para que la Cámara de Diputados tome su decisión, la cual si fuere de rechazo detendrá el proceso y si por el contrario se aprueba, hará que el Senado tenga que votar a su vez, y en caso de voto positivo iniciaría el juicio político; independientemente de cual sea su suerte debe ser analizado a profundidad para extraer las debidas lecciones.
El mundo ha cambiado pero también los gobiernos, la manera en que se difunden las informaciones y las formas de delinquir, entre otras muchas cosas. Sin embargo, los ciudadanos siguen actuando bajo un mismo patrón, mientras la economía marcha bien la mayoría decide cerrar los ojos y creer todo lo que sus gobiernos dicen pero cuando la misma colapsa no se está dispuesto a pagar los platos rotos por otros y de repente se ve lo que antes no se veía.
Los supuestos maquillajes fiscales no solo habían ocurrido probablemente antes en Brasil a la vista de todos, sino que se han producido y se siguen produciendo en muchos otros lugares del mundo, en algunos con resultados fatales como el caso de Grecia, en otros todavía ocultos bajo la burbuja creada.
Por eso reviste tanta importancia la suerte de este proceso que quizás podrá hacer cambiar el accionar de muchos gobiernos que sucumben a la tentación del maquillaje fiscal o las “pedaladas”, para generar una percepción de que todo marcha bien cuando realmente no es así. Naturalmente, por eso muchos rehúyen de leyes de responsabilidad fiscal, de congresos, órganos de fiscalización y autoridades monetarias-financieras independientes, porque en los gobiernos mediáticos estos se vuelven impertinentes.
