Los partidos políticos son los instrumentos validados por la Constitución y las leyes para formar gobierno y conducir la nación. El artículo 216 de la Carta Magna establece que la formación y funcionamiento de los partidos “deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley”.
Si bien existe la ley electoral, la referencia constitucional está remitida a un régimen de partidos, que sólo algunos recuerdan por conveniencia, pero que no muestran voluntad para implantarlo.
Los partidos, aunque predican unos paradigmas para la sociedad, todavía no actúan conforme a un estatuto que los coloque a la altura de los tiempos. Simplemente actúan en el marco previsto en la ley electoral, pero en un amplio campo no regulado, que ha permitido a Participación Ciudadana concluir que operan bajo un manto discrecional inmenso, propio de organizaciones secretas.
No hay que recordar que las organizaciones políticas tienen un compromiso con la población. Son la escuela donde debían fraguarse y se supone que se “fraguan” los futuros gobernantes. ¡Suprema candidez! Y en semejante prueba de “fuego sanatorio” se perfilan los servidores de la nación.
¿Pero será posible? Si no permiten que la observación ciudadana siquiera mire hacia sus locales y mucho menos que ausculte en sus viscerales intersticios, que chequeen sus presupuestos, cuentas, ingresos y gastos y listas de contribuyentes. En fin, que levanten el velo que cubre su manejo, contrario a la natural vocación que se atribuye a instituciones de servicio público.
Para quienes aspiran y buscan gobernar, la casa debería ser una caja de cristal nada opaco, totalmente transparente. Pero ese seguirá siendo un postulado, hasta que la ciudadanía no esté en capacidad de exigir un código de conducta mínimamente decente a quienes buscan el poder.
Porque si no gobiernan en su plataforma de lanzamiento dentro de esos parámetros, cómo lo van a hacer desde el poder, que todo lo corrompe, incluso, el discurso político.
De todas formas, es plausible que una asociación civil se dedique a vigilar la conducta de los partidos, porque indica que la conciencia cívica vive.
