Partidos políticos violan la ley para reuniones públicas

Los políticos también convierten en letra muerta la ley que regula la organización de reuniones y manifestaciones públicas, pues sólo solicitan en Interior y Policía autorizaciones para las grandes actividades, sin embargo no lo hacen para los llama

Los políticos también convierten en letra muerta la ley que regula la organización de reuniones y manifestaciones públicas, pues sólo solicitan en Interior y Policía autorizaciones para las grandes actividades, sin embargo no lo hacen para los llamados “bandereos” y “calentamientos” que los fines de semana se vuelven usuales en tiempos de campaña.

Esa actitud los convierte en transgresores de la ley 5578 que regula la organización de reuniones o manifestaciones públicas. Según consta en el departamento jurídico del Ministerio de Interior y Policía los partidos políticos sólo han solicitado permisos para dos actividades.

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) sólo ha pedido permiso para la cabalgata que realizó el pasado domingo. En tanto, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sólo ha pedido autorización para la caravana que realizó en varios sectores del Distrito Nacional, el pasado mes.

Sin embargo, prácticamente todos los fines de semana, especialmente los viernes en la tarde, tanto el PLD como el PRD convierten en caos parte de la capital con los sorpresivos “toques de bandera” en intersecciones de gran flujo vehicular como las compuestas por la 27 de Febrero con Winston Churchill y Abraham Lincoln.

No obstante, nunca se ha observado que Interior y Policía hayan impedido alguna de esas actividades por carecer de la autorización de ley.
La norma se viola a pesar de que la documentación que se exige es sólo una comunicación dirigida al titular del Ministerio de Interior y Policía, más un certificado de no objeción por parte de la alcaldía correspondiente. El recibo de pago de Impuestos Internos por valor de 100 pesos y  especificar la fecha, lugar y hora en que se realizará la actividad.

La ley establece que los permisos para actos de esa naturaleza se deben depositar en Interior y Policía, en el caso del Distrito Nacional, y en las provincias en las gobernaciones.

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