El sistema democrático no puede ser entendido sin un buen funcionamiento del sistema de partidos políticos. Por eso, los problemas de la democracia están estrechamente vinculados a la incapacidad de los partidos de asumir los retos que les presenta la sociedad contemporánea. Estos están asociados a la forma en que las organizaciones representan los diversos intereses de la sociedad, es decir, a la manera en que asumen su función de representación. Estas instituciones tienen el desafío de administrar el Estado de acuerdo a las expectativas generadas. Otros retos están relacionados con su funcionamiento interno respecto a la participación de sus militantes, la transparencia y la institucionalidad.
En cada uno de estos aspectos los partidos han fracasado. Eso explica el creciente descrédito de la política y dentro de ella, la pérdida de credibilidad en las organizaciones partidarias. Estas se preocupan cada vez menos por los temas ideológicos y programáticos y se autodefinen como simples maquinarias electorales. No importa lo que se tenga que hacer para alcanzar el éxito electoral. Desde hace tiempo en nuestro país se ha dado una ruptura entre ética y política; el pragmatismo orienta el quehacer de los políticos. Por eso no extraña las alianzas en base a la repartición del Estado o el clientelismo como forma de ganar lealtad entre los electores.
Asistimos a un proceso electoral que encuentra al sistema de partidos con mayores dificultades que las que tenía anteriormente. Muy posiblemente competirán alrededor de 30 organizaciones, pero en unos comicios polarizados. Sin una reforma de la legislación electoral y sin la aprobación de una ley de partidos, esta competencia estará marcada por la inequidad, la exclusión y la falta de transparencia en el financiamiento político. Unas elecciones generales tan complejas como las que se avecinan, podría profundizar aún más la crisis interna de los partidos y afianzar la tendencia hacia la personalización de la política, que se ha ido dando durante los últimos torneos electorales.
Sin legislación, con la falta de voluntad de la clase política y sin instituciones electorales creíbles, a la ciudadanía y sus organizaciones les corresponderá demandar la realización de unas elecciones sustentadas en principios y valores democráticos. La sociedad civil deberá seguir jugando un rol importante en la vigilancia electoral y en la realización de la presión social necesaria para que el mismo esté revestido de la mayor transparencia posible. Sin embargo, más allá de las elecciones, deben demandarse reformas profundas en el sistema de partidos, de manera que podamos contar con instituciones realmente democráticas, para que puedan cumplir con las funciones que les corresponden.
