En la República Dominicana se avanza muy poco en la sanción efectiva contra la corrupción. Seguimos siendo un país con un alto predominio de la impunidad, lo que se constituye en el principal incentivo para cometer actos ilícitos desde la administración pública. Sin embargo, algunas reformas a nivel institucional y legal, podrían ayudar a prevenir el flagelo de la corrupción. Una de ellas es la aprobación en el 2006 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
La capacidad del Estado para responder a las expectativas de la población, está vinculada a los sistemas de contrataciones públicas. Contrataciones directas, hechas sin licitaciones o concursos, no solo han sido fuentes de corrupción, sino que han implicado la adquisición de obras que no cuentan con la calidad requerida. En el 2013, alrededor del 30% del presupuesto se dedicará a contrataciones de obras, bienes y servicios. Si no se cuenta con mecanismos efectivos de control institucional y social, gran parte de estos recursos seguirán desviándose a cuentas de particulares. La transparencia en las contrataciones públicas deberá obligar a los funcionarios a informar sobre sus acciones en lo relativo al uso del dinero público, y al mismo tiempo, garantizar el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas de ejercer un control sobre los procesos de compras que realiza el Estado. En el 2011 se llevó a cabo la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), desarrollada por el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Como parte de esta iniciativa, se articularon diez mesas de trabajo en igual número de temas. La primera mesa se dedicó a las Contrataciones. Esta mesa tuvo entre sus recomendaciones, la constitución de un mecanismo social de monitoreo de las contrataciones públicas.
Para las elecciones de mayo del 2012, Transparencia Internacional y su capítulo nacional, Participación Ciudadana, promovieron el “Protocolo por la transparencia e institucionalidad”, el cual fue firmado por el presidente de la República. En ese protocolo se estableció el compromiso de cumplir con las 30 recomendaciones de la IPAC y velar por la efectiva implementación de la ley 340-06.
Están dadas las condiciones para una mayor participación de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, en el monitoreo del sistema de compras y contrataciones del Estado. Así lo testimonia la existencia de un marco legal por la transparencia de las contrataciones públicas, la experiencia acumulada de las organizaciones de la sociedad civil y la voluntad de la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) por promover una mayor transparencia y participación social en esta importante área del Estado.
