SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) llamó este domingo al país a poner sus ojos sobre la Junta Central Electoral (JCE) alegando que, tanto la investigación realizada por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados como la destitución de José Ángel Aquino de la coordinación de la Comisión de Oficialías del Registro Civil, confirman que la JCE tiene escasa existencia como organismo colegiado y democrático, “y en el cual se consolida el autoritarismo y el silencio con posibles consecuencias imprevisibles y nefastas para el país”.
A través de un comunicado, PC afirma que la autonomía con que cuenta la JCE y su carácter de órgano constitucional no le exonera del cumplimiento de las leyes, como parecería indicar su actitud de no querer someterse a la Constitución y a las leyes que norman la transparencia, las compras y contrataciones públicas y el manejo financiero de los organismos del Estado, sostiene.
“La prensa dominicana ha denunciado recientemente que la JCE ha gastado más de dos veces lo que tenía proyectado desembolsar este año en viáticos y gastos de representación, y para agravar, acaba de anunciar que proseguirá con el proyecto de sustitución de la cédula de identidad a pesar de que no se encuentra presupuestado para este año”, agregó la organización en su comunicado.
Indicó PC que la JCE viola impunemente la Constitución de la República que establece que “ninguna erogación de fondos públicos será válida si no estuviera autorizada por la ley”, y la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 que dispone que “las apropiaciones aprobadas por el Congreso de la República constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de de los ingresos estimados”. Esta última ley señala expresamente que la misma se aplica a las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, como lo es la JCE, que, sin embargo, pretende ejecutar un proyecto multimillonario para el cual el Congreso Nacional no ha aprobado ni recursos ni préstamos.
Además, PC advierte que mientras esto ocurre en la JCE, el Congreso Nacional hace caso omiso a su obligación constitucional de fiscalización y control, permitiendo que su autoridad y credibilidad ante la nación se erosione aún más, pues se irrespetan en sus propias narices las leyes que aprueba, sin hacer nada al respecto, de acuerdo al comunicado.
