Participación Ciudadana

Participación Ciudadana ha hecho una importante contribución a la consolidación de la democracia, apoyando su desarrollo institucional y garantizando la transparencia de los procesos electorales, lo que le ha valido el reconocimiento de la sociedad.

Siendo esto así, PC debería cuidar su imagen de imparcialidad manteniéndose al margen de las controversias partidistas, lo que no ha ocurrido recientemente, pues ha tomado partido en el debate sobre inmigración y soberanía. Además, ha perdido prestigio al liderar una posición minoritaria, pues la opinión pública apoya en más de un 80% la sentencia del TC.

Su desgaste ha sido mayor debido a su insistencia de recabar apoyos de instituciones internacionales sesgadas, que han denunciado y condenado al país.

Se podría argumentar que se trata de defender los derechos de una colectividad vulnerable. Sin embargo, la definición y alcance de los derechos de los inmigrantes son parte esencial del debate político. Se podría contra-argumentar que la defensa de esos derechos es un deber ético. No obstante, su activismo parecería consistir en un esfuerzo por imponer una posición dogmática sobre lo que debe ser y no debe ser, que muchos no compartimos. Nos resulta preocupante que la imparcialidad de PC sea cuestionada en un futuro proceso electoral, si uno de los contendores mantuviera una posición sobre la inmigración diferente a la suya. Además, en el debate PC ha mantenido una posición de enfrentamiento con el ente electoral, lo que no augura un clima de cooperación para que pueda cumplir su papel correctamente.

En fin, creemos que el activismo de PC en el debate político únicamente se justifica en casos que conciernan al ordenamiento democrático. Creemos que a la sociedad le conviene que PC se centre en el papel que le ha ganado una merecida reputación, como un actor indispensable en el desarrollo de la institucionalidad democrática y como garante de la transparencia de los procesos electorales.

El ministro de Estado de Interior y Policía, José Ramón Fadul, pidió hace dos días a la Junta Central Electoral (JCE) que rechace la solicitud del grupo Participación Ciudadana de que se la acredite como observador de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, alegando que su coordinador general Sami Chami Isa está presuntamente al servicio del candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Participación Ciudadana es una entidad cívica no partidista que ha observado todos los procesos electorales que se han realizado en la República Dominicana desde el año 1996, y que, aunque en muchas ocasiones ha sido cuestionada por el partido al cual en un momento determinado no le convengan sus informes sobre anomalías e inconductas detectadas, goza de un gran respaldo de la sociedad civil de nuestro país y de credibilidad ante importantes organismos internacionales.

A los miembros de Participación Ciudadana, en diferentes ocasiones, los han acusado de peledeístas, de reformistas, hasta de neo imperialistas, y ahora de cara a las elecciones presidenciales le ha tocado el turno al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sangrar por sus heridas y acusarlos de perredeístas, ya que los primeros informes de observación electoral presentados que destacan el uso y abuso de recursos del Estado en la campaña del candidato del oficialismo o las reiteradas peticiones infértiles a la Primera Dama y candidata vicepresidencial que tome una licencia de su cargo hasta que transcurran las elecciones, disgustan mucho al partido de Gobierno.

De los ocho procesos electorales en los que Participación Ciudadana ha hecho el papel de observador, es éste, sin embargo, en el que más escollos y prejuicios han tenido que enfrentar e incluso es la primera vez que tratan de excluirlos para que no hagan el trabajo que con éxito han realizado en tantas ocasiones anteriores.

No obstante lo anterior, no deberían preocuparse los miembros de Participación Ciudadana por estos intentos gubernamentales de desacreditarlos. Son apenas más de las ya habituales muestras de intolerancia de los últimos ocho años. A fin de cuentas la población siempre ha estado clara sobre la diafanidad del trabajo de esta organización y sus peticiones como la aprobación de una Ley de Partidos Políticos, son lógicas y sensatas.

Pero sí deberían preocuparse los dominicanos por la falta de transparencia y de imparcialidad que desde ya se vislumbra, con muestras como la solicitud del ministro Fadul, que podrían caracterizar las próximas elecciones presidenciales, lo que al margen de los intereses e inclinaciones partidistas, sin dudas constituye un retroceso y una estocada mortal a los remanentes de la democracia en nuestro país.