En el apasionado debate alrededor de la más reciente paralización de los servicios hospitalarios públicos, se ha pretendido hacer creer que todas las críticas a la decisión del Colegio Médico responden a un rechazo a su derecho a plantear reivindicaciones salariales y de otro género. Si se las observaran con objetividad, podría verse fácilmente la sana intención de muchas de ellas, pues en la realidad actual, la suspensión de esa asistencia médica constituye una clara negación del acceso de los grupos más vulnerables a un servicio, de por sí precario, consagrado como un derecho en la Constitución y las leyes dominicanas.
Uno de los argumentos más socorridos a favor del paro se fundamenta en lo que el gremio califica de “deprimente” situación de los hospitales del Estado y la supuesta indiferencia de las autoridades ante esa realidad, que hacen muy deficientes los servicios a los enfermos que allí acuden. Es precisamente ese alegato lo que cuestiona la huelga, porque la ausencia de los médicos y su negativa de prestar los servicios por los que se les pagan, los hace mucho más precarios. La realidad es que el paro en los hospitales públicos no ayuda la causa de los médicos y le resta respaldo a sus justos planteamientos salariales y de condiciones de trabajo, pues con esa actitud golpean a terceros, a grupos ajenos a su conflicto con las autoridades.
El gremio ha advertido sobre su decisión de endurecer sus protestas, para alargar las paralizaciones y añadir otras modalidades de lucha. Tal actitud ganará sin duda muchos titulares en los medios y endoso político en esta fase electoral. Pero en el fondo cuestionará seriamente la actitud del colegio y resaltará la insensibilidad de una acción que en la práctica sólo afecta a los sectores más pobres del país, existiendo, como existen, otras modalidades de protestas más próximas a la dignidad del ejercicio de la medicina.
