La articulación de varias organizaciones de la sociedad civil en una Coalición por la Justicia y la Seguridad, se constituye en una buena noticia para todos aquellos que entienden que sin un sistema judicial fortalecido, no es posible consolidar la institucionalidad democrática. La apuesta por la reforma y modernización del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional es indispensable, si se quiere establecer en el país un real Estado de derecho.
Este proceso de cambios no es solo responsabilidad de los actores políticos a través de las instituciones del Estado, sino también de la sociedad y sus organizaciones, las cuales deben demandar una profunda transformación en la justicia dominicana. Sin presión social, existen muy pocos incentivos para los cambios institucionales, a pesar del deterioro de la justicia. Por esta razón, es más que acertada la convocatoria de la sociedad civil, no solo a conformar una coalición, sino también a realizar una serie de foros que concluyan con un pacto por la justicia y la seguridad.
El primero de estos foros se realizó esta semana con una amplia participación de diversos sectores de la vida nacional, incluyendo a organismos estatales, partidos políticos, sector privado, las iglesias, entre otros. Este interesante diálogo generó un amplio consenso sobre la necesidad urgente de tomar medidas que permitan superar los escándalos de la justicia dominicana, su ineficiencia y muchas veces, su connivencia con quienes incurren en violaciones a la Constitución y las leyes.
Estos factores, junto a la seria dificultad de acceso a la justicia, sobre todo de los grupos sociales más empobrecidos, han provocado una profunda erosión de la confianza en el sistema judicial dominicano. Esto solo cambiará si se logra un pacto social y político que permita la independencia de las Altas Cortes, desde el momento mismo de su integración. Tal y como se estableció en este primer foro, es fundamental que la justicia recupere su rol de garante de la seguridad ciudadana y la seguridad pública. Para ello, deberá ser leal a la Constitución y no a los políticos que la integraron.
La independencia judicial como punto de partida, deberá llevar a superar otros problemas graves existentes en el sector, como el del presupuesto limitado, la mora judicial y la disfuncionalidad del sistema. Insistimos en la conveniencia de que se logre un amplio consenso social sobre las principales necesidades de la justicia dominicana y las propuestas para superarlas. Estos acuerdos deberán ser tomados en cuenta en la Cumbre Judicial Nacional convocada por el Consejo del Poder Judicial para este año.
