El liderazgo y la dirigencia opositoras cumplieron su cometido de contribuir a darle una salida consensuada a la necesidad que tiene el país de enriquecer e impulsar la presente etapa de su desarrollo institucional. Ataviada con el atractivo vestido de mantenerse unida alrededor de sus demandas, la oposición realizó una efectiva campaña de acciones en reclamo de nuevos administradores y nuevo marco para la organización y enjuiciamiento de los procesos electorales futuros.
Luego los opositores unidos lograron motivar a buena parte del sector empresarial en el sentido de que las elecciones tuvieron defectos reales, al extremo de que el presidente del Conep, Rafael Blanco Canto, propuso lo que denominó cuatro pilares esenciales para restaurar la institucionalidad democrática.
Siguiendo esa visión, junto a destacadas organizaciones de la sociedad civil, las principales entidades del sector empresarial, encabezadas por el Conep y la Asociación de Industrias, constituyeron la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, cuyo nombre mismo revela el alcance de sus propósitos.
En el documento que explica sus objetivos, difundido precisamente el 25 de septiembre, aniversario del golpe de Estado al gobierno democrático de Juan Bosch, una de las páginas más aciagas de la historia democrática nacional, Iniciativa pidió que “el bloque oficialista acepte dar prioridad a la búsqueda de consenso sobre la integración de la JCE, el TSE y la CC, en base a un perfil de competencias, que incluya relevantemente la independencia de todos los órganos de poder de cualquier naturaleza y sin reparto de cuotas partidarias, como primer avance al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y electoral”.
Además de lograr la coincidencia con la sociedad civil y las más destacadas organizaciones empresariales, la oposición fue recibida y logró el respaldo de la Conferencia del Episcopado, la cual se identificó plenamente con la demanda de que el senado de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura, controlados casi en su totalidad por el Presidente, finalmente elijan personalidades imparciales tanto en la Junta Central Electoral como en el Tribunal Superior Electoral.
El liderazgo y la dirigencia de los partidos opositores han persuadido al país de que la elección de funcionarios equidistantes del partidarismo, comprometidos fundamentalmente con el mandato legal al organizar y valorar las elecciones, es la base, el primer paso, en la dirección de fortalecer la institucionalidad democrática, ese marco político sin el cual no hay desarrollo social.
Queda ahora en manos del partido de gobierno colocarse a la altura de este
imperativo.
El PLD, se supone, sólo tiene ganancias con la elección de una Junta Central Electoral y un Tribunal Superior Electoral que respondan al gran consenso que ha logrado construir la oposición alrededor de la idea de elegir funcionarios electorales imparciales.
Primero porque autoridades apoyadas en ese consenso revestirán de legalidad y legitimidad las grandes mayorías con que dice contar el partido de gobierno.
Y también –no menos importante- porque así se dará al resto de la gestión del presidente Danilo Medina un sosiego fundamental para encarar problemas que hasta ahora, y por décadas, han esperado por solución.
