Recientemente se han producido reiteradas denuncias de irregularidades cometidas en la Oficina Supervisora de Obras del Estado, las cuales han sido de una magnitud tan grande que han dejado atónitos hasta a los más indiferentes.
Independientemente de la veracidad o no de las mismas, la imagen de esta oficina estatal ha quedado sumamente deteriorada. Por esta razón es conveniente que las próximas autoridades introduzcan una transformación en las funciones que ha desempeñado esta oficina.
No hay necesidad para que esta oficina tenga como función principal el desarrollo y construcción de obras públicas, pues para estos fines existen varias dependencias del Gobierno que están llamadas a cubrir estas funciones. Por lo tanto, a lo que debe encargarse esta oficina, como su nombre lo indica, es a supervisar para que las distintas obras ejecutadas por el Gobierno cumplan con las especificaciones técnicas correspondientes, se ajusten a los presupuestos aprobados, se eviten sobrevaluaciones, se ejecuten en el tiempo previsto y en fin, que se lleven a cabo de la manera más beneficiosa para el Estado.
Son numerosas las dependencias del Estado que ejecutan proyectos, como Obras Públicas, el Indrhi, la OPRET, el INVI, INAPA y la CAASD. No vemos tampoco ninguna razón para que esta oficina compita con el Ministerio de Obras Públicas y se dupliquen innecesariamente costos de equipos, personal y muchos otros. No obstante, la Oficina Supervisora debería seguir dependiendo de la Presidencia de la República y responder directamente al jefe del Estado. Lo lógico es que se convierta en un representante del Presidente para que le garantice que en materia de obras públicas las cosas marchan bien. De esta forma el presupuesto de esta importante oficina se reduciría a un mínimo, pues sólo requería contar con varios ingenieros y arquitectos de la entera confianza del Presidente que tengan reconocida capacidad y honradez.
Consecuentemente, también se reduciría el presupuesto asignado a la Presidencia, que en nuestro país es excesivamente elevado. Además, se rompería con una práctica propia de países subdesarrollados donde el presidente de la República dispone de fondos que puede administrar directamente, con los cuales se financian obras que muchas veces no están consignadas en el presupuesto nacional. Se debería aprovechar para restructurar múltiples oficinas que también dependen de la Presidencia y que serían menos costosas, si se incorporan a los ministerios. Todos los países del mundo están haciendo reformas para controlar el gasto. Esta sería una de las formas en que podríamos sumarnos a esa corriente, para bien de nuestra economía y para que los recursos de los contribuyentes se utilicen de la forma más racional posible.
