La Oficina del Defensor del Pueblo realizó este martes una parada cívica frente al Congreso Nacional en rechazo de que sea aprobado un contrato en donación de 10 millones de metros cuadrados donde están ubicadas las Cuevas de las Maravillas.
Máximo Calzado Reyes, director de Educación de la institución, señaló que la donación es lesiva a los intereses nacionales.
“Ese contrato establece privilegios irritantes para el patronato de las Cuevas de las Maravillas. Estamos aclarando que no estamos en contra del patronato que la administra, sino de la donación de 10 millones de metros en terreno con vocación turística”, dijo.
El año pasado el Defensor del Pueblo sometió por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una acción de nulidad contra el acto de donación de la Cueva de las Maravillas en beneficio de la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas Inc.
La acción, que se encuentra en estado de fallo, busca la nulidad del acto por medio del cual el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en representación del Estado, transfiere a título gratuito 10, 401 metros cuadrados dentro de las parcelas 2, 7, 10, 12 y 13 del Distrito Catastral número 1 del municipio Ramón Santana, de la provincia San Pedro de Macorís.
El Defensor del Pueblo también solicitó la nulidad de la resolución emitida por el Senado el 2 de noviembre del año 2016, que aprobó el contrato de donación de terrenos suscrito el 15 de agosto del año 2014 entre el Estado dominicano, a través del CEA y la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas.
La entidad pide a los jueces del TSA anular el contrato de concesión de derechos de la Cueva de las Maravillas, suscrito por el Estado Dominicano el 26 de abril del año 2004, a través del Ministerio de Medio Ambiente y el CEA, con la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas Inc.
Además del CEA, como accionados, figuran el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Presidencia de la República, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de cultura, la Procuraduría General de la República, y la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas Inc.
El Defensor del Pueblo también solicitó adicionalmente, la declaratoria de inconstitucionalidad, por vía de control difuso, del decreto número 248-04, emitido el 22 de marzo del año 2004.
