Sin dejar de ser crítico, el último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA sobre las elecciones dominicanas, es una evaluación mesurada de lo que pasó antes, durante y después del pasado 15 de mayo. Este informe se constituye en una mirada electoral que trasciende las posiciones extremas, las cuales han procurado por un lado minimizar los errores en la administración de las elecciones o por otro lado, calificar todo el proceso como un tollo electoral.
En medio de un sistema electoral con profundas deficiencias, los electores expresaron su voluntad. Reconocido esto, hay que trabajar por las reformas políticas y electorales que están pendientes desde hace años. En la evaluación de la MOE, se destacan los aspectos positivos que se deben afianzar y los déficits de la democracia electoral que es urgente superar. Por esta razón, son muy válidas las recomendaciones realizadas por esta misión de la OEA. Sus reflexiones deben ser tomadas en cuenta, además, para la integración de una JCE que no repita los errores del pasado y que pueda liderar el proceso de reformas.
La calidad del padrón electoral, las garantías para el voto secreto, la adecuada capacitación de los miembros de las mesas y la presencia de los delegados de los partidos en cada una de ellas, fueron aspectos bien valorados por los observadores de la OEA. A estos se suman los esfuerzos de inclusión desarrollados por la JCE, por primera vez en unos comicios nacionales. Aquí se inscriben el plan piloto para implementar la modalidad de “voto en casa” y la iniciativa del “voto penitenciario”.
Sin embargo, el sistema electoral dominicano adolece de graves fallos que son destacados por la MOE en su informe. En las elecciones pasadas se evidenció la persistencia de una competencia electoral muy desigual y una gran opacidad respecto al financiamiento, fundamentalmente el que procede de fuentes privadas. En cuanto a la administración electoral, se criticó la incapacidad de diálogo del órgano electoral con los partidos y el proyecto fallido de querer incorporar nueva tecnología electoral en la totalidad de los colegios.
Para este organismo internacional, es muy relevante que los actores políticos dominicanos realicen una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral. Dicha reforma deberá regular la aplicación de nueva tecnología electoral y garantizar una mayor equidad en la competencia política. La MOE recomienda que esta equidad se refleje en la distribución del financiamiento público y en el acceso a medios de comunicación. Por otro lado, sugiere modificar el sistema de arrastre en las elecciones congresuales.
