Representantes del sector hotelero, asociaciones de comerciantes y casas licoreras expresaron este martes su rechazo al proyecto de ley de control de bebidas alcohólicas tal como ha sido concebido.
Durante las vistas públicas celebradas por la comisión senatorial que estudia la pieza en el Salón de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asociación de Detallistas de la provincia de Santo Domingo, René Japa, afirmó que la referida normativa llevaría a la quiebra a más del 50% de los colmados y por consecuencia, asestaría un duro golpe a las recaudaciones del Estado.
Sostuvo que la pieza contraviene al artículo 50 de la Constitución, que establece la libre empresa y los derechos económicos y sociales.
Mientras que, Grace Heyaime, de la Asociación de Bares de la Zona Colonial, afirmó que están de acuerdo con el establecimiento de sanciones para quienes vendan alcohol a menores, a estudiantes uniformados y a personas que porten armas de fuego, pero no con la obligatoriedad de una nueva licencia para poder vender bebidas alcohólicas.
En tanto, Arturo Villanueva, de la Asociación Nacional de Hoteleros y Turismo (Asonahores), afirmó que ese sector se siente sorprendido con la iniciativa de ley, que afirma “pone en ascuas el desarrollo y mejor consolidación del turismo de la República Dominicana, toda vez que afecta el correcto desenvolvimiento de la industria turística y gastronómica, al instaurar una licencia adicional, que se vislumbra a todas luces contraria al principio de irretroactividad de la ley”.
Destacó que una nueva permisología para instalar y operar un establecimiento turístico, dejaría en el limbo jurídico los horarios ya preestablecidos, operación en lugares públicos, habiendo sido autorizadas por la institución correspondiente, asi como la ubicación del complejo o establecimiento.
Villanueva reconoció la importancia de establecer reglas claras que protejan y promuevan la seguridad ciudadana, pero “no menos cierto es que ha quedado evidenciado que la actividad turística y gastronómica no incide en los niveles de inseguridad.
Sostuvo que el proyecto amerita un estudio a mayor profundidad, desde el punto de vista económico, regulatorio, de derecho comparado y estadístico, así como su repercusión en las principales provincias, tomando en cuenta no solo su desarrollo turístico, su potencialidad y su ordenamiento territorial.
En ese sentido, pidió que se otorgue un mayor plazo para depositar y exponer sus consensos y disensos sobre el proyecto de ley.
La Comisión que estudia la pieza está conformada por Julio César Valentín, Aristides Victoria Yeb y Adriano Sánchez Roa, proponente del proyecto.
También participaron representantes del Ministerio Público y de los Ministerios de Salud Pública e Interior y Policía.
