El lamentable terremoto acaecido en Haití en enero de 2010 puso de manifiesto ante el mundo la solidaridad del pueblo dominicano y contribuyó a desmontar la mala imagen de maltrato a los haitianos que muchos tienen de la República Dominicana.
Todos sabemos que la reconstrucción de Haití ha tenido como principal enemigo la carencia de instituciones confiables en ese país, lo que incluso ha dificultado el flujo de donaciones de muchos países que recelan del destino de los fondos donados, preocupados por los altos índices de corrupción y la carencia de instrumentos efectivos de control.
Dos años más tarde un nuevo terremoto ha sucedido, pero a diferencia del primero, este afectó la isla completa y no solo la parte occidental. Según informaciones difundidas, de los US$500 millones programados para la ejecución de distintas obras en Haití, alrededor del 70% fueron dados grado a grado a sociedades controladas directa o indirectamente por el senador dominicano por San Juan de la Maguana y hombre de confianza del presidente Leonel Fernández.
No hay que ser un experto en leyes para saber que representa un conflicto de interés que una persona se valga de su condición, en este caso específico de su cargo público y posición en el partido de gobierno, para obtener beneficios en su favor.
En este caso no hubo licitaciones, hubo asignación de contratos de grado a grado bajo el marco de un decreto de emergencia, acciones que involucran a funcionarios públicos de Haití y de la República Dominicana; lo que, dados los altos niveles de corrupción que penosamente prevalecen en ambos países y los significativos montos involucrados, hacen legítimamente sospechar que esta asignación ni fue graciosa ni mucho menos desinteresada.
En medio de este estremecimiento se acaba de realizar una visita oficial del presidente de Haití a nuestro país; la cual parecería que de alguna manera intenta acallar el escándalo que ha desatado la comisión que audita los contratos de obras en Haití, otorgados bajo la gestión del anterior primer ministro Jean-Max Bellerive.
La sociedad dominicana no puede permitir que este hecho sea simplemente uno más del prontuario de denuncias no investigadas por nuestras autoridades, no sólo porque se trata de un funcionario electo a quien la Constitución si bien no le prohíbe ejercer su profesión privada, sí le hace pasible de sanciones por proporcionar “ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”; sino porque abre el camino a oscuras redes de negocios con gobiernos extranjeros en países que al igual que el nuestro tienen debilidad institucional, convirtiendo así la corrupción en un bien de exportación motor de espurias alianzas y lucrativos negocios.
Es una pena que lo que el pueblo dominicano hizo con las manos dando solidaridad genuina a sus hermanos haitianos haya sido deshecho con los pies de personas que solo buscan enriquecerse y tener cada vez más poder económico y político aunque sea a costa de la miseria de un pueblo desvalido; adulterando así la solidaridad y convirtiéndola en vulgar sociedad.
