En medio de la campaña electoral del año 2012 la organización mundial Transparencia Internacional (TI), a través de su capítulo dominicano Participación Ciudadana, promovió entre los candidatos la firma del “Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad”. Este documento fue apoyado por los aspirantes a la presidencia de los distintos partidos y tuvo como propósito el establecimiento de un compromiso político con 21 medidas específicas en materia de transparencia y lucha anticorrupción. El presidente Danilo Medina, en su condición de candidato, fue uno de los firmantes.
Entre estas medidas está la de llevar a cabo la “Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas” (EITI), la cual es promovida por TI. La misma busca lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre los contratos de exploración y explotación firmados por el Estado y las empresas mineras y sobre el uso de los ingresos fiscales provenientes de ese sector. En un país como la República Dominicana, donde el sector minería adquiere cada vez más importancia, la ciudadanía debe disponer de información veraz y oportuna sobre los recursos obtenidos por el Gobierno fruto de esta actividad económica y la manera en que estos son empleados.
Resulta alentador el anuncio hecho esta semana por el Ministerio de Energía y Minas, de que el país fue admitido formalmente en la EITI. La República Dominicana pasa a formar parte de una iniciativa integrada por un número limitado de países (50 en total) que han asumido el compromiso de adoptar las mejores prácticas en la administración de los fondos provenientes de la minería, teniendo en cuenta las experiencias más exitosas. Para alcanzar este objetivo, se requiere del establecimiento de mecanismos efectivos de coordinación entre el Estado, la industria extractiva y las organizaciones sociales.
Uno de los retos fundamentales que ha tenido el país desde hace décadas, ha sido el de enfrentar los niveles de opacidad con que ha operado el sector minero, desde la negociación y asignación de los contratos de concesiones, hasta la operación de las empresas, su impacto ambiental, las ganancias generadas y los pagos otorgados al Estado. Esta falta de rendición de cuentas ha impedido que una actividad económica creciente como la minería, tenga un impacto real en el desarrollo y la reducción de la pobreza. Nuestra admisión en la EITI nos obliga a revertir esta situación y a que en un plazo de un año y medio, cumplamos con los estándares internacionales de buenas prácticas en el sector de las industrias extractivas. Esto debe ser reconocido como un nuevo y muy importante paso hacia la transparencia.
