Las fuentes que han financiado los desbalances externos en los últimos años, los créditos y la inversión extranjera, no son eternas ni gratuitas. Eso significa que a largo plazo no hay otra opción más que mejorar la balanza comercial para sostener la capacidad para importar y para crecer, y para mantener cierta estabilidad cambiaria. Descansar en los laureles de los bajos precios del petróleo sería un grave error. Se trata más bien de aprovechar la coyuntura, la pausa en la presión externa, para promover los cambios necesarios que permitan responder con más efectividad a los retos de largo plazo.
Para lograr incrementar las exportaciones de calidad y competir efectivamente en el mercado nacional con las importaciones es obligatorio impulsar una nueva política de desarrollo productivo que promueva el cambio tecnológico, la competitividad y la vinculación ventajosa con cadenas globales de producción. En eso los incentivos fiscales tienen un efecto limitado. Hay que pensar más allá, en nuevos objetivos tales como el mejoramiento de la calidad, el aprendizaje tecnológico, el fomento de la innovación y la adaptación, el mejoramiento de la logística y el transporte, y en políticas que atraigan inversiones de alta calidad y comprometidas que derramen mayores beneficios sobre el resto de la economía de los que estamos acostumbrados.
Simultáneamente, hay que avanzar en una nueva política comercial, la cual ha estado en “pausa” desde hace algunos años, limitándose esencialmente a la administración de acuerdos y a algunas pocas iniciativas de promoción. Esa nueva política deberá identificar y explorar las oportunidades de productos y mercados con gran potencial, en especial en aquellos países de alto crecimiento hacia los cuales no hemos mirado; deberá pensar en acuerdos comerciales novedosos con nuevos socios, y no limitarse al hoy cuestionado modelo vigente de tratados de libre comercio; deberá poner mucho empeño en facilitar el comercio y promover mecanismos de solución de diferencias con Haití, un socio incómodo pero demasiado importante; deberá maximizar la penetración en los mercados de los países y territorios del Caribe; deberá fortalecer las capacidades de defensa frente a prácticas desleales de comercio; y deberá ser mucho más efectiva en la promoción de exportaciones y de atracción selectiva de inversiones de alto impacto en el aprendizaje productivo.
Pero para lograr articular una nueva política de desarrollo productivo y una nueva política comercial que se apoyen y refuercen, habrá que construir nuevas instituciones porque las actuales no tienen las capacidades ni los mandatos requeridos. Más aún, hay múltiples duplicidades y vacíos.
La ley que da sustento al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) es de la década de los sesenta, pensada para la estrategia de sustitución de importaciones, y no para los retos comerciales y del desarrollo productivo en el marco de un comercio más abierto. No muy lejos está la ley del Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene la responsabilidad de liderar las negociaciones comerciales. A su vez, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) opera con mucha autonomía y poca coordinación con el MIC que, paradójicamente, lo preside.
De otro lado existe el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) que parió el Plan Nacional de Competitividad Sistémica (PNCS) en 2006, la primera propuesta de estrategia de desarrollo productivo y del mejoramiento del ambiente de negocios en el escenario de un comercio más abierto. Sin embargo, ambos han sido ignorados.
Además de lo anterior tenemos a Pro-Industria y al recién creado Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL) adscrito al MIC, ambos con responsabilidades importantes para el impulso de la productividad y la competitividad; un viceministerio de comercio exterior en el MIC y la Dirección de Comercio Exterior (DICOEX) responsable de administrar los acuerdos comerciales; el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) presidido por el MIC; un viceministerio de gestión de la competitividad en el Ministerio de Economía; la Comisión de Defensa Comercial (CDC) con la responsabilidad de proteger las empresas de prácticas desleales de comercio; y por supuesto a la Dirección General de Aduanas (DGA).
Se trata de una verdadera maraña institucional que es problemática no necesariamente por compleja, sino porque es probadamente disfuncional. Reformar esas instituciones, redefinir sus mandatos y responsabilidades, y precisar los vínculos entre ellas es un paso imprescindible para enfrentar el reto de producir y exportar.
