La sociedad dominicana está ávida de bienes públicos y frustrada por percibir que paga más y más impuestos sin que éstos sirvan para financiarlos. Seguridad y justicia, salud preventiva y curativa, infraestructura económica y social básica, educación de calidad, y protección de la población más vulnerable e insegura están entre los bienes públicos o meritorios que la sociedad espera recibir.
La esencia de una nueva fiscalidad reside en que el Estado logre recaudar suficientes recursos para lograr esos fines, que lo haga de una forma equitativa, cargando más a quienes más pueden (equidad vertical) y tratando de la forma más igualitaria posible entre los que pueden igual (equidad horizontal), y que logre proveer esos bienes de una forma más eficaz (con impactos concretos en la vida de la gente y las empresas), eficiente (al menor costo posible) y equitativa.
Sin embargo, una nueva fiscalidad es indispensable pero no suficiente. Se necesita una economía dinámica, que produzca riqueza y que cree empleos decentes. Es obvio que este objetivo tiene méritos propios, pero al mismo tiempo es vital para que la fiscalidad sea sostenible.
Más de un 80% de la población ocupada recibe remuneraciones laborales por debajo del nivel mínimo imponible del impuesto sobre la renta. Además de las implicaciones que tienen estos salarios para la satisfacción de necesidades materiales básicas, las consecuencias sobre el fisco son severas porque simplemente la mayoría no puede contribuir. La solución de fondo a esto no es, como se optó en la reforma tributaria de 2012, mantener invariable en el monto exento, aunque allí pueda haber espacio fiscal que aprovechar, sino impulsar hacia arriba los salarios, no por decreto, aunque las medidas administrativas como los salarios mínimos puedan jugar un rol, sino como un proceso de aumento sostenido del empleo, de la inversión y de las capacidades tecnológicas de empresas y personas.
En esencia es una trampa en la que los bajos ingresos impiden una adecuada contribución al fisco, y las limitadas capacidades fiscales, sumadas a la ineficiencia y al uso político-clientelar de los recursos públicos, limitan la capacidad del Estado para devolverle a la gente los bienes públicos a los que ella contribuyó a financiar.
Algo similar pasa con la seguridad social, una pieza clave del sistema de protección social del país. Mientras los salarios se mantengan deprimidos, las contribuciones para el financiamiento de los servicios de salud y las pensiones serán restringidas, y sus beneficios estarán constreñidos. A esto se suma el severo desbalance de poder entre los actores del sistema que ha terminado exprimiendo los beneficios a que los afiliados tienen derecho, y la indiferencia del Estado que no toma partido a favor éstos.
También la pobreza y la precariedad de la inmensa mayoría de las empresas e iniciativas económicas del país constituyen un enorme valladar tanto para generar empleos de calidad y mayores ingresos laborales, como para que éstas contribuyan con el fisco y la seguridad social. En este caso, también hay una trampa: no contribuyen porque son muy precarias, y son muy precarias en parte porque no reciben bienes públicos o meritorios críticos para su desarrollo como seguridad y protección, infraestructura económica, regulación efectiva de los servicios públicos y contra quienes abusan de posición dominante, o información y conocimiento para el aprendizaje tecnológico y la innovación.
De allí que, como se dijo antes, sea insuficiente hablar solamente de un pacto fiscal o de una nueva fiscalidad. Debemos hablar también (o quizás más bien) de una nueva economía y de un pacto por la producción y el empleo, de un nuevo arreglo en el que la fiscalidad forme parte financiando adecuadamente lo que el Estado debe ineludiblemente proveer, pero además creando el marco y estimulando un cambio económico más profundo que ponga a todos los sectores de la economía en una senda de transformación.
Sólo en una situación como esa es que una nueva fiscalidad tiene sentido y puede ser sostenible, sólo si es parte de un esfuerzo más amplio que rebase los limitados confines de las propias finanzas públicas e incluso los de la equidad fiscal para adentrarse en el rol que debe tener en superar el rentismo y un productivismo empobrecedor.
