El plan de Regularización de extranjeros arrancó hace poco tiempo y avanza aparentemente no a la velocidad que desean las autoridades encargadas de su implantación. Es en todo caso encomiable la labor y el empeño de tales autoridades por hacerlo bien y rápido.
El presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario, sin embargo acusa al Gobierno haitiano de convertir el plan que regularizaría a un número considerable de haitianos, en negocio, porque la parte que corresponde a la República Dominicana es gratuita.
Pero doctor Rosario, ni tenía que serlo, ni debería ser un servicio gratuito. De hecho, la normalización de estatus emprendida por indocumentado o por transgresor de fronteras, no es servicio gratuito en ningún país, ni tampoco se hace sino a través de un proceso que dura un tiempo bastante grande, hasta de quince años. Es de justicia que el beneficiario corra con el costo del servicio, aunque a veces uno se pregunte, como en el caso del Gobierno de los Estados Unidos, si con las tasas y tarifas que cobran, tan altas, no estarán haciendo negocio.
Falta grave cometieron los tratantes esclavistas y las empresas que contrataron la mano de obra haitiana sin cumplir el mandato de la Ley, así como las autoridades de migración que no se ocuparon de carnetizar a los trabajadores temporeros provenientes de Haití, ni de vigilar porque, como manda la ley, fuesen transportados de nuevo a su país al final del período de contratación. De manera que es mejor apuntar al culpable cuya falta está ahora deviniendo en problemas logísticos y administrativos por el cumplimiento tan tardío de algo que de haberse seguido el proceso legal nunca debió presentarse.
No parece ser justa la apreciación de hacer negocio a un Gobierno cuyo presupuesto es deficitario, porque aprovecha la oportunidad que le brinda un Estado vecino para ponerle precio a un servicio que nunca le había sido requerido, y para cuya entrega tiene que usar recursos humanos, físicos y financieros. Ojalá le sirviese la oportunidad para conseguir una ejecución presupuestaria no deficitaria, algo que dudo.
Creo que también yerra al apreciar “que quienes deberían estar contentos porque sus ciudadanos sean regularizados”, el Gobierno haitiano, insinúa, usted, cuando en verdad es la República Dominicana la más beneficiada y por ende la más interesada en no tener en su suelo extranjeros indocumentados o sin derecho a domiciliarse temporal o permanentemente en ella.
Tengo confianza en la capacidad de trabajo de la JCE para completar con éxito esta importante y noble tarea.
