A cinco meses de iniciar su segundo gobierno, el presidente Danilo Medina tendrá que lidiar con los efectos del movimiento “fin de la impunidad” que tuvo su mayor expresión en la marcha que organizaron partidos políticos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil apartidistas, que caló en la conciencia de la ciudadanía y logró congregar a miles de personas de todos los niveles sociales, en especial de la clase media.
Lo primero es que la demanda tomó un tema difícil de contrarrestar “Fin de la corrupción y la impunidad”, anhelo al que se supone nadie debe oponerse. De hecho, desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Gobierno han dicho que están de acuerdo con las demandas de la ciudadanía de que no exista impunidad. Así lo han expresado los dirigentes, Temístocles Montás y Franklin Almeyda.
También desde el Gobierno, a través del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de la Presidencia, Gustavo Montalvo, han respondido diciendo que “todos queremos justicia” y que están identificados con los reclamos de la ciudadanía.
Sin embargo, para detener la ola que se ha generado, las autoridades tendrán que pasar de las palabras a los hechos en las demandas que tienen como centro el escándalo de corrupción internacional a través de la constructora Odebrecht y que en el país habría pagado 92 millones de dólares en soborno para obtener obras públicas desde el 2001 hasta el 2014.
En ese sentido, la ciudadanía pone en jaque al Gobierno, pues por un lado está la transparencia de la propia administración de Medina y de los gobiernos anteriores de su partido, en otra vertiente la gobernabilidad del país y por otro la imagen del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuya unidad ya está en entredicho.
Los voceros de la marcha ya han advertido que seguirán las manifestaciones hasta que los nombres de las personas sobornadas sean publicados y al mismo tiempo sometidos a la justicia. El problema del gobierno del presidente Medina es que el escándalo involucraría a miembros de su partido y su propio gobierno a juzgar por el periodo en que se ha dicho se hizo el soborno.
“Estamos frente a la constitución de un movimiento social en la República Dominicana sin precedentes que es la lucha contra la impunidad y la corrupción.;, eso no había existido en el país, una movilización social con esas características, que la tipifican como un movimiento social”, expresó el politólogo Freddy Ángel Castro.
Agregó que “por la confluencia de sectores sociales de distintos estratos, la lucha sobrepasa los partidos y al Gobierno. El Gobierno lo debe atender y pautar una agenda de transparencia y profundizar la lucha contra la corrupción; no se puede visualizar como una marcha en contra de la impunidad solo contra los partidos, es contra toda la sociedad y actores de la sociedad civil que tienen una agenda de corrupción”, subrayó.
Castro recomendó al PLD no proteger a quienes hayan cometido actos de corrupción. “Para el PLD esto revela una situación de urgencia donde el Comité Político debe reunirse y no asumir la protección de los funcionarios comprometidos con actos de corrupción para que se desligue de ellos y no afecte su imagen”, dijo.
Para Belarminio Ramírez sería un error del PLD y el Gobierno interpretar que la demanda de la ciudadanía es contra ellos, porque de lo que se trata es de una manifestación contra el sistema.
“El PLD y el Gobierno cometen un error de apreciación si perciben el hecho como una manifestación en contra de ellos. En la marcha participaron personas que votaron por Danilo Medina y en la mayoría de los estudios cuantitativos sale a relucir que la mayoría de los peledeístas sienten indignación por la vulnerabilidad de la justicia dominicana”, sostuvo.
Afirmó que el Gobierno lo que debe hacer es cumplir con su parte de recuperar el dinero y someter a los responsables del hecho.
“La marcha también es contra partidos de oposición”
Para el politólogo Belarminio Ramírez los partidos de oposición han intentado sacar provecho político del disgusto de la ciudadanía. “La oposición política aunque pretenda en las apariencias aprovecharse del disgusto ciudadano por la descomposición social y desempeño ineficaz de la justicia, en lo hechos la marcha también es en contra de ellos. La ciudadanía ya despertó aunque más tarde que en otros países”, sostuvo.
Finjus: “Ola puede ser incontrolable”
El vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) sostuvo que es necesario que los órganos competentes tomen medidas antes que la indignación de la gente sea incontrolable.
“Cuando el clima de impunidad se enseñorea sobre una sociedad, es difícil de atajar el descontento, la desconfianza y la incertidumbre de la ciudadanía. Esos sentimientos son generalmente el preludio de manifestaciones diversas, que conllevan la resistencia a cumplir con las obligaciones sociales elementales, propiciándose la violencia, el enfrentamiento individual a los problemas sociales, abriéndose una gran brecha entre el Estado y la ciudadanía”, explicó Servio Tulio Castaños Guzmán en un comunicado difundido ayer.
Dijo que en un escenario como ese la seguridad jurídica se descalabra y llega a situaciones extremas “el descontrol y desorden institucional que nos amenaza”. Argumentó que la ausencia de un sistema de consecuencias efectivo para quien cometa crímenes y delitos de cualquier tipo contra el Estado y la sociedad, perpetúan la desconfianza en el sistema de justicia.
Según la Finjus, entre los poderes públicos no ha existido la voluntad política de investigar y sancionar todos los casos de corrupción, apegados al debido proceso de ley, sin favoritismos y con total transparencia.
“Es preciso dar pasos concretos y acelerados para que la impunidad no sea parte de la normalidad y no continúen deteriorándose aún más la institucionalidad democrática, la confianza hacia el sistema de justicia y los órganos de control”, exhortó.
Castaños Guzmán dijo que el orden democrático, la estabilidad del sistema político y, por ende, la identificación de la ciudadanía con el funcionamiento del Estado son bienes esenciales para la convivencia pacífica, el progreso económico y la superación de todas las formas de pobreza y marginación.
FJT aboga por ley de “lobby”
La Fundación Justicia y Transparencia, que preside Trajano Vidal Potentini, dijo que es necesario legislar para la creación de una ley del “lobby o cabildeo”, que establecería un marco general del desarrollo y las posibles comisiones y pagos del accionar “de los lobbistas o cabilderos” para la obtención de obras u otras diligencias relacionadas con las actividades estatales.
Dijo que la ausencia de una legislación de esa naturaleza es un vacío en el ordenamiento jurídico del país, en especial cuando se habla de que ha habido pagos que superan los 92 millones de dólares por acciones de se tipo.
La marcha no fue apartidista como se dijo
Contrario a lo que anunciaron los organizadores de la marcha que se realizó el pasado domingo, la actividad no fue apartidista. Una muestra es que los representantes de ocho partidos que no fueron aliados en las pasadas elecciones dieron su apoyo público a la actividad y además los pasados candidatos presidenciales asistieron todos. Estuvieron Luis Abinader, del PRM; Elías Wessin Chávez, PQDC; Soraya Aquino, del PUN; Guillermo Moreno, de Alianza País, y Minou Tavárez Mirabal, de Alianza por la Democracia. También asistieron dirigentes de los partidos que fueron aliados al PRM en las pasadas elecciones. El presidente del PRSC, Federico Antún Batlle, apoyó la manifestación, pero no asistió. Tampoco quienes lo adversan a lo interno, encabezados por el diputado Ito Bisonó.
Marcha es una expresión saludable en democracia
El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montás, dijo que desde el punto de vista de la democracia la marcha del pasado domingo es una expresión saludable y entiende que su mensaje es saludado por su partido y el Gobierno. “El partido de la Liberación Dominicana también la saluda, porque nos sentimos comprometidos como partido y como gobierno con aspectos que motivaron esa marcha”, declaró. Recordó que ninguna organización política del país ha estado más en contra de la corrupción que el PLD, porque eso afecta el desarrollo y el crecimiento que siempre ha procurado el PLD en sus gobiernos.
En el PLD la corrupción se responde individual
De su lado, Franklin Almeyda, dirigente del PLD, dijo que su partido tiene una política anticorrupción. “Sobre la corrupción el PLD tiene una posición establecida, sin variación. Se trata de que quien incurre en un acto de corrupción responde personalmente a ese delito ante los tribunales; como establece la ley. El partido no juzga, son los tribunales; adopta sanciones disciplinarias luego de que los tribunales decidan por sentencia irrevocable”, sostuvo. Almeyda dijo también que los partidos de oposición tienen derecho a manifestarse y que es un derecho que no se les puede negar. Sin embargo, dijo que no tienen derecho a engañar a personas llenas de buenas intenciones.
“No se debe buscar al corrupto favorito”
El politólogo Freddy Ángel Castro advirtió que en la lucha contra la corrupción no se debe buscar a los corruptos favoritos. “El problema de la corrupción entraña las actividades de otros sectores de la vida política nacional y son contratos de varios gobiernos, el movimiento no se trata de buscar al corrupto favorito y se debe rendir cuenta a la nación”, dijo el también catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Dijo que ante la actual coyuntura el PLD debe enfrentar la situación de manera unida, porque a la demanda de ciudadanos del fin de la impunidad también se sumarán otros problemas como la seguridad ciudadana y de servicios básicos.
