Una de las consecuencias más negativas del control por un mismo partido de los poderes del Estado en un país débil institucionalmente como el nuestro, es que se pierde el equilibrio y la posibilidad de controlar a la Administración.
Y esto no sucede solamente desde el punto de vista de los poderes formales, sino que aun en lo que respecta a los llamados poderes fácticos como la prensa, el empresariado, los sindicatos, las organizaciones sociales, se hace mucho más difícil lograr que actúen como grupos de presión, por lo que esto significa en un país no solo presidencialista al extremo, sino en el cual cada día el Estado aumenta sus ámbitos de intervención e influencia.
La sociedad ha visto reducir su capacidad de incidir y, en consecuencia, las grandes decisiones, algunas de las cuales comprometen la vida de los ciudadanos en más de una generación, las están tomando las autoridades, imponiendo muchas veces visiones que están divorciadas de lo que debería ser el desarrollo del país.
Naturalmente, las autoridades siempre recurren a la manida excusa de que para eso fueron electas, lo que se acentúa cuando pueden jactarse de haberlo sido con un alto porcentaje como es el caso presente.
Y ahí es que de nuevo por debilidad institucional caemos en una trampa, pues como nuestras largas y costosas campañas no se centran en debates de ideas, generalmente las líneas de pensamiento de un candidato, su visión de país o los ejes centrales de su plan de acciones son poco conocidos, a diferencia de otros países como los Estados Unidos de América en el que si bien el resultado de las elecciones sorprendió a muchos, para nadie puede ser una sorpresa lo que Donald Trump trataría de impulsar como presidente.
Por eso, mientras en ese país la inquietud es que la Suprema Corte de Justicia tendrá en los próximos años una mayoría conservadora que descontinuaría avances en un sinnúmero de aspectos promovidos por los liberales, en el nuestro el temor es siempre que el presidente y el partido de turno simplemente impongan candidatos que ni siquiera muchas veces reúnen las condiciones, por el simple hecho de que son de los suyos.
Cabría preguntarse cuál hubiese sido la decisión electoral de muchos sectores si hubiesen tenido pleno conocimiento de que derechos consagrados en una ley serían eliminados, como es el caso del conflicto por el pago del ITBIS en aduanas, que se mantendría el estatus quo en el sector eléctrico impidiendo así un pacto para su reforma, que no se discutiría un pacto fiscal y se impondrían reformas tributarias de manera administrativa, entre otras acciones.
Sin embargo, mientras todo esto sucede, las autoridades hábilmente se dan el lujo de mantener lazos de cercanía con todos los sectores, a los que invita y visita; a los que oye, pero no escucha; a los que pide opiniones, pero no las toma en cuenta, y a los que les da y les quita según entienda, como si los mordiera soplándolos.
