El inicio de un proceso de cambios en el sistema político que ayude a fortalecer la institucionalidad democrática del país no puede esperar. Durante décadas se han postergado las reformas pendientes en el régimen electoral y el sistema de partidos, bajo el alegado de que no ha habido discusiones suficientes o de que existen otras prioridades. Lo cierto es, que lo que ha prevalecido es la resistencia de los políticos a ser regulados. No se ha querido ningún tipo de control en la vida partidaria, ni en la competencia política, lo que ha derivado en un deterioro cada vez mayor de los procesos políticos.

Vistos los fallos del recién concluido proceso electoral y las debilidades de los partidos en cuanto a su democracia interna, institucionalidad y transparencia, se ha retomado el debate público sobre la conveniencia de las reformas políticas. Después de décadas de discusión sobre estos temas, el gran reto de la clase política es demostrar que esta vez va en serio. Hay mucho escepticismo en la ciudadanía sobre el compromiso real de los líderes políticos de modernizar y democratizar el sistema político dominicano. Ese escepticismo no puede paralizar, todo lo contrario, la entrada del debate en la agenda pública debe aprovecharse como una oportunidad para que esta vez sea la vencida.

Es necesaria una mayor presión de los diversos grupos sociales y económicos para que el Congreso discuta y apruebe las reformas políticas que requiere el país. La aprobación de la ley de partidos y organizaciones políticos y de una reforma a la ley electoral, tiene que ser ahora. Entiéndase el ahora como el periodo que resta de la transición, hasta el inmediatamente después de integrado el nuevo Congreso. Si se espera mucho tiempo se corre el riesgo de que no se haga nada. Se olvidan los problemas generados durante el último año en materia electoral y otras prioridades pasarán a demandar el tiempo de los legisladores.

Sin embargo, es importante dejar claro que la urgencia de la reforma tiene que combinarse con la calidad de la misma. No se trata de aprobar leyes, con el solo propósito de decir que ya se han aprobado. De nada sirve una legislación que al final no dé respuestas a los problemas del sistema político y electoral. Se trata de hacer la reforma ahora, pero hacerla bien. Esto implica que la reforma contribuya a democratizar el sistema de partidos, fortalecer la autonomía de los órganos electorales, reducir el impacto del dinero en la política y mejorar la equidad en la competencia electoral. Aunque insisto, el momento es ahora.

Al margen de la confrontación electoral que se genera cuando se acerca la realización de unos comicios, hay problemas a los que se les debe prestar atención, identificando sus causas profundas y llevando a cabo las acciones necesarias para enfrentarlos. Uno de ellos es el de la corrupción. Este problema ha estado presente a lo largo de nuestra historia política, sin que los partidos tradicionales hayan hecho lo suficiente para afrontarlo. Se comprende, pues la corrupción y el clientelismo han sido consustancial al sistema político establecido. La tragedia de un suicidio en una de las instituciones más cuestionada del Estado, es un doloroso llamado de atención a la sociedad dominicana para que no permanezca indiferente.

Un Estado que aspire a impulsar políticas públicas que reviertan la desigualdad, requiere administrar de manera eficiente los recursos públicos. La corrupción impide que sea así. Esto es muy grave, sobre todo en un país donde la presión tributaria ni se acerca a las de aquellos países donde se ha tenido éxito en mejorar la calidad de vida de la gente. En la lucha anticorrupción, las políticas de transparencia deben verse solo como un primer paso. El respeto al derecho de acceso a la información pública, la realización de concursos y licitaciones en las contrataciones del Estado o iniciativas como la Cuenta Única del Tesoro, son fundamentales, pero insuficientes por sí solas para enfrentar este flagelo.

En el país hemos tenido déficits en el impulso de las reformas institucionales que impidan la duplicidad de funciones en Ministerios y Direcciones. Diversas instituciones públicas existen con el único propósito de servir de botín, para el ejercicio clientelar de la política, en beneficio de aquellos que se aliaron al partido ganador. Los riesgos de corrupción aumentan, si los órganos de control interno y externo, no cumplen con su rol. Avanzar en la lucha anticorrupción supone contar con una Contraloría y una Cámara de Cuentas, independientes e institucionalmente fortalecidas cumpliendo con sus funciones.

Tampoco se avanza mientras persista la impunidad. Hasta el momento, la justicia ha sido el muro de contención de los pocos casos de corrupción que han llegado a ella. El archivo definitivo y el “auto de no ha lugar” ha sido la norma. La explicación de esto es que tenemos una justicia penetrada por la política. Aunque el Ministerio Público hace esfuerzos por investigar, el Poder Judicial involuciona en esta materia. La demanda activa de la ciudadanía debe llevar a que las reformas institucionales para la transparencia y el castigo de la corrupción, no se pospongan, el momento es ahora.