Desde el origen de nuestra nación mucha gente ha entendido que el Estado es una “vaca nacional” a la cual todo el mundo quiere ordeñar, unos porque lo ven como única alternativa para salir de la pobreza, sin entender que más que dádivas lo que necesitan es igualdad de oportunidades, otros porque es el atajo para ascender a las más altas posiciones de poder político, económico y social, y algunos porque es la forma de preservar y multiplicar sus riquezas.
Cuando negociamos el ingreso de nuestro país al DR-Cafta, se nos exigió la aprobación de una Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado, hoy día la Ley 340-06; habiéndose generado la expectativa de que con este marco legal las contrataciones públicas dejarían de ser fuente de corrupción, conflictos de intereses y clientelismo.
Lamentablemente no ha sido así, y es que una ley nunca es suficiente para cambiar años de malas prácticas y para transformar una cultura de tolerancia a la corrupción. Es penoso constatar que nuevamente se han encontrado mil y una formas para evadir la aplicación de dicha ley o para burlarla, utilizando mecanismos que revisten de supuesta transparencia y legalidad a licitaciones amañadas.
Ante esta triste realidad, las actuales autoridades han tomado decisiones que aunque bien intencionadas entendemos que están confundiendo el objetivo.
Decimos esto porque como se ha visto en ocasión de los sorteos que se realizaron para la construcción de nuevas escuelas, la solución no debe ser “democratizar” la repartición de las obras, sino asegurar la igualdad de oportunidades para que bajo términos y condiciones claramente definidos, las mejores ofertas técnicas y económicas sean las beneficiarias.
La idea no debería ser contratar a cualquiera, sino que cualquiera tenga el derecho de ser contratado, si reúne todas las condiciones requeridas y su oferta es igual de competitiva o menor que la de otros. Algo similar ocurre con las Mipymes. Si bien es cierto que deben ser fortalecidas mediante políticas que faciliten su acceso al crédito, capacitación, etc., no podemos confundir esto con generar distorsiones como que solo éstas puedan participar de algunos concursos; pues así lo que estamos promoviendo es que cualquiera cree una Mipyme para lucrarse con estas disposiciones importando productos para proveer al Estado, con el efecto perverso de a la vez atentar contra la producción de bienes nacionales.
No podemos confundir objetividad, transparencia e igualdad de oportunidades con una pseudodemocratización de concursos, que no lograrían el objetivo esperado de evitar la corrupción y generarían otros problemas como falta de calidad, eficiencia y discriminación de los productos locales. Lo que debemos promover es que las contrataciones del Estado sean hechas con transparencia. Pero esto no puede ser una solución parcial, todas las contrataciones sin excepciones deben estar en el mismo saco y tratadas bajo las mismas reglas, de lo contrario ni la ley, ni la Dirección de Contrataciones ni las veedurías alcanzarán el objetivo esperado.
