El Ministerio de Trabajo se desligó ayer del conflicto laboral surgido entre la empresa Coquera Real y más de cien jornaleros haitianos, que le reclaman el pago de sus respectivas prestaciones laborales.Mediante rueda de prensa, la ministra Maritza Hernández dijo que la solución del problema deberá ser dictada por el tribunal de San Cristóbal, donde la empresa fue declarada en quiebra y los abogados de los inmigrantes sostienen un proceso judicial.
Mientras esto ocurre, señaló la funcionaria, las autoridades encargadas del orden público (Policía Nacional y Ayuntamiento) tienen la responsabilidad de desalojar a los 112 trabajadores extranjeros que hoy cumplen 30 días de protesta en la acera frontal del Ministerio, con el respaldo de entidades como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Confederación Autónoma Clasista (CASC).
“El Ministerio de Trabajo culminó con el mandato que le correspondía, como es la parte amigable componedora, de acuerdo a la ley, razón por la cual sus abogados eligieron llevar este caso hasta el tribunal laboral de San Cristóbal”, enfatizó Hernández.
En lo adelante, sostuvo, quienes demandan el pago de prestaciones tendrán la oportunidad de demostrar frente a un juez si realmente fueron empleados de la productora de cocos. Luego de que el Ministerio expresara su punto de vista, varios de los inmigrantes que permanecen a la intemperie junto a sus familiares anunciaron que no se moverán del frente de la institución hasta recibir el dinero reclamado.
Francisco Ojiló dijo que él y su mujer embarazada de ocho meses se mantendrán frente al edificio porque consideran que el Gobierno sí puede ponerle fin a la situación. El propietario de Coco Real es el ciudadano Rafael Emilio Alonzo Luna, a quien la CASC señala como un irresponsable por declararse en quiebra sin apartar los fondos que corresponden a la liquidación de sus empleados.
Por otro lado, el titular de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental dijo ayer que las autoridades han desarrollado una especie de “temor” para proceder en situaciones conflictivas con los haitianos, porque el país ha tenido que padecer las “injustas” acusaciones de la comunidad internacional de que es racista. Sostuvo que la realidad es distinta, que República Dominicana ha sido la nación que más ha apoyado a Haití en diferentes circunstancias.
Marino Vinicio Castillo (Vincho) calificó como un hecho injustificable que un grupo de haitianos continúe en vigilia frente al Ministerio de Trabajo, demandando el pago de sus prestaciones salariales a la empresa procesadora de cocos.
