Aunque ya son muchos los que exigen destituir o expulsar a Miguel Vargas Maldonado, el mandato del presidente del PRD concluye en 2013, a cuatro años de su elección.De aprobar ahora la destitución de Vargas Maldonado, acusado de traicionar a la organización por no haberse integrado nunca a la candidatura presidencial de Hipólito Mejía, le estarían acortando más de un año de su gestión al frente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
El artículo 22 de los estatutos perredeístas establece que la Convención Ordinaria se reunirá cada cuatro años para elegir su máxima dirección. Además, “el período de duración de las autoridades del partido a nivel nacional y local será de cuatro años”, ordena el párrafo II del artículo 172.
Quienes promueven este castigo, podrían apelar al artículo 51, que cita las causas graves y pasibles de juicio disciplinario, aunque no hay un literal específico por abstenerse de hacer proselitismo a favor del candidato, lo que, de seguro, motivará un ejercicio interpretativo de acusadores y defensores.
Desde 2009
El empresario y dirigente político juró como presidente de la organización opositora el 19 de julio de 2009, fruto de una medida consensuada en un plebiscito en el que tuvo opositores pero no competidores. Dos meses después, el 27 de septiembre de ese año, la XXVII Convención Nacional Ordinaria ratificó la reelección por voto universal de Orlando Jorge Mera como secretario general y la escogencia de Geanilda Vásquez como secretaria de organización.
Algunos dirigentes recuerdan que Vargas Maldonado planteó que el candidato presidencial del partido debía ocupar también la máxima dirección y que, sin embargo, nunca cedió la presidencia cuando Mejía lo venció en las elecciones primarias.
Vargas aprovechó una enmienda a su medida
La única enmienda introducida a los estatutos de 2004 es la del artículo 185, aprobada en la convención de 2009 para permitir, a petición del propio Miguel Vargas, que el presidente y otros directivos del partido puedan presentar precandidaturas a la Presidencia de la República o cualquier otro cargo de elección nacional. Esa decisión fue ratificada en febrero de 2010.
