La Dirección General de Migración se declaró ayer incompetente y sin calidad legal para controlar la frontera y el tráfico de niños indocumentados haitianos.“No es competencia de Migración controlar la frontera, tampoco es competencia de Migración controlar el tráfico de niños haitianos; eso es competencia de las Fuerzas Armadas y del Consejo Nacional de la Niñez”, dijo José Ricardo Taveras, titular del organismo.
El funcionario reaccionó de esa manera luego de enumerar una serie de supuestos logros de la dependencia en materia de política migratoria y elCaribe le preguntara cuál era la razón del incremento de ilegales haitianos.
Taveras calificó como un “barril sin fondo” el problema de los niños haitianos que pululan en las calles y avenidas de ciudades y pueblos del país.
“Porque cuando sacamos un grupo de niños haitianos que piden en las calles, vuelven y nos meten otros grupos. Eso no hay posibilidad de controlarlo”, dijo.
Al preguntársele quiénes eran, entonces, los culpables del trasiego de ilegales, respondió: “Culpables somos todos”.
En ese sentido, Taveras culpó a la Justicia de actuar sin responsabilidad, “porque cuando apresamos y sometemos a quienes trafican con estas mafias, los jueces disponen su libertad.
“Tenemos las sentencias por ahí. Podemos entregarles copias, si ustedes quieren. Hemos sometido a los jefes de estas mafias, pero los jueces los sueltan”, dijo.
Explicó que Migración sólo está facultada por ley para regular la parte migratoria. Sugirió a la población no dar dinero a los niños haitianos ilegales que son colocados en los semáforos o llevados a las esquinas para pedir.
Taveras advirtió que cuando se les da dinero se está contribuyendo al incremento de la delincuencia y del crimen organizado.
Apoyó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de ratificar que a los hijos de extranjeros en tránsito nacidos en el país no se les otorgue la nacionalidad dominicana. Dijo que hay mucha gente que se dedica a falsificar actas de nacimiento en las oficialías civiles, por lo que calificó de responsable el trabajo de saneamiento y persecución judicial que realiza la Junta Central Electoral.
