“El derecho a la vida es inviolable, desde la concepción… hasta que se delinque”. Así piensan algunos portadores de una extraña moral, que se autodefinen pro-vida pero defienden el asesinato de jóvenes, regularmente pobres, si se considera que estos han participado en actos delictivos. Más grave aún es que esta es una visión muy generalizada en una sociedad seriamente afectada por la criminalidad y por las limitadas respuestas institucionales frente al grave problema de la inseguridad ciudadana. Esto provoca un sentimiento de impotencia que hace atractivo el desfasado y autoritario discurso de la mano dura contra la delincuencia.
Tres hechos acontecidos recientemente reafirman esta visión. El primero de ellos lo constituye el número de casos de linchamientos de supuestos delincuentes en distintas comunidades del país. El otro hace referencia al debate público sobre la manera en que actuó un general retirado víctima de un asalto y la presión que recibió la justicia por disponerse a investigar la forma en la que fue muerto uno de los asaltantes. El tercero tiene que ver con la promoción del modelo “represivo” de combate de la delincuencia, en el Nueva York de Giuliani.
La inseguridad ciudadana genera intranquilidad y desesperación en la familia dominicana. Por otro lado, hay razones más que suficientes para desconfiar de una justicia, cuyo deterioro explica los altos niveles de impunidad y la reincidencia en el delito. Sin embargo, en un régimen democrático no se debería apelar a los mismos métodos de los criminales, la represión y el asesinato, para enfrentar la delincuencia. Este, además de violatorio de los derechos de las personas, ha demostrado ser un mecanismo muy poco eficaz para combatir el crimen. Luego de décadas en la que anualmente centenares de “delincuentes” caen abatidos en supuestos intercambios de disparos, el delito común sigue a la orden del día.
Además de que en la República Dominicana no existe la pena de muerte, es evidente que el método de la mano dura ha fracasado. Hay que explorar otros caminos para garantizar una mayor seguridad ciudadana. El principal reto del país en este tema, tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública y la persecución y sanción del delito. En tal sentido, se requiere de una nueva Policía Nacional con los recursos, las competencias y las capacidades necesarias para cumplir con su rol. Es esencial además, avanzar en la independencia y modernización del Ministerio Público y del Poder Judicial. A diferencia de los que muchos creen, los problemas de inseguridad ciudadana solo se resuelven con más Estado de derecho.
