Durante los últimos meses, la lucha contra la corrupción ha motorizado el accionar ciudadano. Sin embargo, lo que empezó como una movilización relativamente espontánea que expresaba una ira y una demanda en la coyuntura, parece buscar convertirse en un movimiento permanente y estructurado. No está claro el alcance temático que logre, y su éxito está por verse.
No obstante, si lo que busca es impulsar un proyecto de Nación más incluyente, en la que todos y todas podamos ejercer nuestros derechos fundamentales, el movimiento no debe agotarse en el tema de corrupción, sino que debe trascenderlo y hacer una apuesta fuerte por todos aquellos que sean cruciales para la democracia, la participación y el desarrollo humano.
Lo anterior es relevante en la medida en que hay un riesgo de que el tema de la corrupción, entendida como la gestión y uso deshonesto e ilegal del poder público, termine siendo “esencializado” y convirtiéndose en el imaginario de muchos y muchas, en la única fuente de todos nuestros males, y de la pobreza y la exclusión social.
Tal suposición es comprensible pero simplista y conservadora. Es comprensible porque la corrupción ha sido parte intrínseca de todos los regímenes políticos y de los modelos de políticas que hemos vivido, y por tanto ha sido pieza clave en los procesos de exclusión y de denegación de derechos. De hecho, la exclusión y la concentración de poder y de riqueza en el país son inentendibles si no se incorpora el rol del ejercicio ilegítimo, abusivo y fraudulento del poder desde el Estado.
Pero es simplista porque supondría que lo único que se necesita es un ejercicio honesto y dentro del marco de las leyes y las normas de la gestión pública para enrumbar la Nación por senderos de la prosperidad compartida. Y es conservadora porque desconoce que la fuente de la exclusión y de la falta de desarrollo es la desigualdad en la distribución del poder y la riqueza. Este tipo de idea puede terminar moviendo la acción sólo en la esfera de lo formal y lo jurídico (cumplir con las leyes vigentes), dejando intactas las estructuras de poder.
Sin embargo, hay que indicar que la exclusión social y la desigualdad no necesitan de la corrupción para existir. En más de un Estado, la corrupción es excepción y no regla, y en esos mismos países se registran muy elevados niveles de exclusión social, simplemente porque esas reglas y esas instituciones que tienden a ser observadas y respetadas son excluyentes, y legitiman y refuerzan la desigualdad de poder y de riqueza. En ese sentido, el caso de los Estados Unidos es paradigmático, porque es un país conocido por tener un robusto sistema de justicia y simultáneamente prevalecen niveles de desigualdad y exclusión impensables en países de ingresos similares. En la región, Chile tiene los más reducidos indicadores de percepción de la corrupción. En contraste, está entre los países de mayor desigualdad y la exclusión social sigue siendo una vergüenza.
La corrupción es sólo uno de los mecanismos que tienden a excluir, pero no el único. A veces, ni siquiera es el más importante, aunque en los países pobres de riqueza e instituciones tiende a ser uno de los principales.
¿A combatir la corrupción? ¡Claro que sí! De hecho, actuar contra la corrupción no es algo de relevancia meramente jurídica e institucional; también es actuar contra un arreglo de poder, el cual frecuentemente vincula a grupos políticos con viejos y nuevos grupos económicos en la repartición del pastel y en la protección mutua.
Pero con la misma fuerza hay que combatir, por ejemplo, los salarios de miseria, la ineficiencia estatal en los servicios fundamentales y la falta de compromiso con la gente, las prácticas monopólicas que esquilman a las personas, la opacidad en muchos mercados que permite el engaño permanente, la discriminación que excluye y permite explotar a cientos de miles por el hecho de ser mujer o por ser o parecer de Haití, las superganancias en el sector financiero y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y los recortes de beneficios de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) en contra de la gente de a pie.
La miseria, la desigualdad y la exclusión tienen muchos responsables. Un movimiento ciudadano que pretenda trascender debe actuar en consecuencia.