La criminalidad en el país cada año es como una serpiente: para medir su tamaño, primero hay que desenroscarla. En este 2011, las cifras de muertes violentas son idénticas a los niveles registrados desde el 2005, cuando la delincuencia comenzó a causar sus mayores estragos en la sociedad.
De enero a la primera semana de diciembre, tomando como referencia distintas fuentes de organismos oficiales y de instituciones de derechos humanos, la cantidad de asesinatos o de homicidios culposos se elevó a 2,017, superior al año pasado (1,867), aunque menor que en el 2009, cuando las víctimas fueron 2,134, aunque el 2011 no ha terminado.
La tasa de homicidios al año se mantiene entre los 18 y 19 casos por cada 100 mil habitantes, aunque las estadísticas del Programa de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Interior y Policía, sostienen que el 2011 refleja un ligero descenso (17.5%)), en comparación con años inmediatos anteriores.
Empero, Amnistía Internacional (AI), basándose en estadísticas suministradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, advierte que la cantidad de muertes violentas ocurridas en el país proyecta una tasa de 19 y 20 casos por cada 100 mil habitantes.
En este aspecto, la propia Policía Nacional no tiene sus cuentas claras.
La relación de crímenes que la institución del orden ha dado a conocer, a través de los medios de comunicación, es de 1,434 casos, una cifra 335 veces menor, inclusive, que la registrada en el Instituto Nacional de Patología Forense, en cuyas morgues son certificadas las causas de muertes violentas.
La Procuraduría General de la República, que cada año ofrece una relación de los homicidios en base a estadísticas de Patología Forense y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), no tiene actualizada su página web sobre las estadísticas criminales de 2011.
Después de los accidentes de tránsito, las principales causas de muerte en República Dominicana son por riñas, asaltos, ajustes de cuenta y por los denominados intercambios policiales.
Por riñas, se registraron 743 homicidios; por robos y asaltos, 246; por intercambios policiales, 198; por ajustes de cuenta, 123; aunque en balaceras en disputas por el control de puntos de drogas las estadísticas consignan 159 casos, en adición a las víctimas por feminicidios (214) y por suicidios (96), que en total suman 1,779.
De esa cantidad de crímenes, por armas de fuego se reportaron 1,345, lo que representa alrededor del 63% de la mortalidad por homicidios registrada en el transcurso del año.
Los hechos relacionados con la delincuencia (robos, asaltos, ajustes de cuentas e intercambios de disparos) sumaron el 58% de los crímenes o asesinatos. Los intercambios de disparos dejaron un balance de 198, tres casos menos que en el 2010, aunque 19 casos más que en el 2009. Este tipo de muertes muchas veces no trascienden a la opinión pública por los cuestionamientos a la institución, a menos que los familiares los denuncien o cuando la propia institución del orden asume la determinación de darlos a conocer, debido a la connotación del hecho.
Panorama judicial
Con una advertencia contra la corrupción y una crítica por el bajo presupuesto del sector, quedaron abiertas las actividades del Poder Judicial, el 7 de enero de 2011. En su discurso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, defendió la transparencia y el proceso de modernización del sistema de justicia que él encabeza desde el año 1998, cuando fueron elegidos los actuales jueces del máximo tribunal.
Sin embargo, desde instituciones de la sociedad civil ligadas al sector, como el Colegio de Abogados y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), surgieron las primeras voces para la conformación de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, así como la elección del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, escogencia que aún está pendiente por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que desde octubre realiza vistas públicas para la selección de los magistrados.
Concomitantemente con el incremento de la criminalidad y, particularmente, con los casos cada vez más frecuentes de menores envueltos en conflictos con la ley, la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Justicia, inició los aprestos para reformar los códigos Procesal, Penal y del Menor.
Este último código fue modificado por la Cámara Baja, que aumentó a 15 años la pena máxima a los menores sentenciados por la comisión de hechos criminales. La pieza, sancionada luego de varias vistas públicas, fue remitida al Senado de la República, donde aguarda ser puesta en agenda.
El 2 de junio, el presidente Leonel Fernández promulgó la Ley Orgánica del Ministerio Público, legislación que consigna el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) o Policía Técnica Judicial (PTJ), organismo al que se opone la Policía Nacional por considerar que la investigación criminal debe estar bajo el control de la institución del orden.
Ante la confrontación institucional derivada por la creación de la PTJ, un mes después el presidente Fernández envió al Congreso Nacional dos adéndums para modificar la reciente ley, a los fines de que la Policía Nacional mantenga la supremacía de la investigación criminal, un aspecto que rechaza vehemente el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña.
No obstante, si la ley no es modificada antes de marzo de 2012, al término de esta legislatura, entraría en vigencia, tal y como fue originalmente aprobada por el Poder Ejecutivo tan pronto se elabore el estatuto normativo para su funcionamiento.
El 25 de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 5, 12 y 15 años de prisión a siete de los implicados en el expediente de lavado de activos de la red que dirigía en el país el capo puertorriqueño José David Figueroa Agosto.
Los sentenciados fueron Mary Peláez, Sammy Dauhajre, Ricardo Ivanovich Smester, Juan José Fernández Ibarra, Eddy Brito, Adolfina Pélaez, Sobeida Félix Morel y Madeline Bernard, estas tres últimas a 5 años, tras negociar sus penas con el Ministerio Público.
La condena marcó un precedente en República Dominicana no sólo por la cantidad de personas sentencias, sino por la cantidad de recursos apropiados por el Estado dominicano provenientes de actividades del narcotráfico.
Otro evento del ámbito judicial que acaparó la atención pública, por la precedencia que se sentaba del caso, fue la destitución del juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Francisco Angomás, acusado por el Ministerio Público de incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus funciones al disponer la libertad de un reo por narcotráfico.
Actuando en atribuciones disciplinarias, el recién formado Consejo Superior Judicial encontró méritos en la acusación en contra del magistrado, quien advirtió que recurriría la decisión del tribunal por ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)por considerar, junto a sus abogados, que les fueron violados sus derechos.
Provincias de mayores casos de asesinatos
Santo Domingo sigue siendo la provincia de mayor índice de criminalidad, debido a que también es la demarcación más habitada del país, con 644 casos.
En el Distrito Nacional se registraron 514 homicidios, seguido de Santiago, con 212; San Cristóbal, con 209; La Altagracia, con 205; y luego están Monseñor Nouel, Hato Mayor y San Pedro de Macorís. En el resto del país, encabezado por las provincias de Barahona, Azua, San Juan, Espaillat y Peravia, se produjeron 438 homicidios, siendo las riñas y la delincuencia las principales causas de homicidios.
Destituido en un juicio disciplinario
Los escándalos de corrupción en el distrito judicial de San Cristóbal motivaron la intervención del Consejo Superior Judicial, organismo que, sin embargo, no tomó ninguna decisión frente al cuestionamiento a diferentes instancias judiciales que hiciera el Ministerio Público.
Entre las decisiones cuestionadas de los jueces de esa jurisdicción figura el fallo dado por la Corte de Apelación que dispuso la libertad de varios acusados del asesinato y descuartizamiento de dos jóvenes, en un hecho atribuido a un ajuste de cuenta.
La Corte de Apelación de Barahona también se vio envuelta, en julio pasado, en un escándalo luego de dejar en libertad a varios implicados en un expediente de narcotráfico.
