El pasado mes de julio, llegó a su fin la segunda legislatura del presente año. Dicha legislatura además marcó la última de un periodo excepcional de seis años en lugar de los cuatro que generalmente cumplen los representantes legislativos. Durante este sexenio, fueron muchos los temas tratados, votados y aprobados pero quiero enfocarme en uno de alta preocupación para la ciudadanía: la inseguridad, tema al que he dado especial atención durante más de una década. Habrá quienes dirán que todavía no estamos al nivel de algunas naciones hermanas que aparecen entre los 10 y 5 países más violentos del mundo fuera de conflicto bélico, pero es preciso analizar el escenario. Cuando hacemos esto, vemos trágicamente que la tendencia en la última década y media ha sido de un alza sostenida y que los homicidios voluntarios se han más que duplicado en este tiempo, pasando de 11 por cada 100,000 personas a 23 según los más recientes datos publicados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Y empeora, porque según la Dirección Nacional de Atención Integral de Adolescentes, de 474 jóvenes de edades 13-17 presos, el 22% es por homicidio y otro 3% por intento de homicidio.
Es justo decir que la violencia armada se apodera de nuestra juventud y futuro. Profundizando más en la lectura de los datos disponibles, vemos que dos tercios de estos homicidios son cometidos con armas de fuego. De ahí que la acción contra esto se vuelve fundamental.
Fruto de la discusión seria con diversos sectores, pudimos llegar finalmente este 2016 a un consenso sobre lo que este texto legal debía incluir para efectivamente combatir el tráfico ilícito de armas, sancionar autoridades que incurran en él y asegurar que solo la persona que mostrase las aptitudes requeridas pueda acceder al arma. Dicho consenso logró que en junio la Cámara de Diputados, con el voto claramente mayoritario de sus integrantes, votase por la aprobación. Mismo escenario ocurrió en el Senado, con lo que pasa a la Presidencia para su promulgación.
Esta ley, junto con la Ley de Reforma Policial, la Ley de Extensión de Dominio, modificaciones del 911 recién aprobadas, el nuevo Código Penal y más reformas que requiere nuestro sistema, lo que buscan es dotar a las autoridades del adecuado marco jurídico para trabajar mejor por la seguridad de los dominicanos.
Es claro: estas leyes no pueden cambiar la realidad de miedo que vive el país, pero su aplicación correcta es un paso importante en busca de la paz y tranquilidad que merecen nuestros compatriotas, meta por demás en un Estado de derecho.
Es importante tener siempre claro que la dureza contra el crimen debe estar en todo momento acompañada por una mayor dureza contra las causas del crimen. Es por eso que seguiremos legislando siempre por temas que además de la sanción, privilegien la prevención que se da a través del empleo y educación. Además de los paliativos, vayamos por la cura.
