Por muchos años el transporte en nuestro país ha sido altamente ineficiente. Por años han logrado más que burlarse de las autoridades; de la población con sus precios abusivos y sus métodos que distan muchos de ser un sindicato o una organización empresarial.
Muchas de las actuaciones de los transportistas dominicanos seguro estuvieron inspiradas en las acciones de James Riddle Hoffa (Jimmy), que por muchos años presidió los sindicatos de camioneros donde activamente participó en el crimen organizado influenciando jurados, y finalmente acusado de soborno y fraude.
Logró manejar los fletes, aumentarlos a su antojo; evitar la competencia y convertirse en un verdadero terror durante los años que presidió lo que en inglés se llamó International Brotherhood of Teamsters, que agrupó los transportistas de Estados Unidos y Canadá.
Condenado a prisión por 13 años por las violaciones cometidas, consiguió el perdón presidencial de parte de Richard Nixon. Su desaparición en el 1975 fue siempre un misterio, pero relacionada a las acciones agresivas a las que estuvo involucrado y muchos entendieron fue un ajuste por diferencias dentro de su propia organización.
Este tipo de organización seudo sindical, como las que existen en nuestro país, lo único que traen como resultado es un servicio caro y deficiente. Los únicos beneficiados son los altos “dirigentes” del grupo, porque los choferes que ellos dicen representar no reciben pagos ni compensaciones adecuadas.
Se les obliga a pagar altos arrendamientos de equipos, en la mayoría de los casos nunca llegan a ser propietarios y reciben una enorme presión para poder cumplir con las exigencias del alquiler y que les sobre suficiente para hacer frente a las necesidades familiares.
Esta presión los obliga a enfrentarse por rutas y a conducir de forma temeraria para lograr el número suficiente de pasajeros, con los cuales hacer frente a sus gastos.
Tal es el caso que los incentivos que ofrece el Gobierno no llegan a los choferes y son los mismos choferes los que declararan que no han recibido nada. Pero más aún, el propio Juan Hubieres es quien dice que el incentivo que el Gobierno otorgaba en los combustibles no llegaba a quienes estaba dirigido, para amortiguar el impacto del precio de los combustibles y hacer rentable el servicio de transporte público sin que su precio afecte al consumidor.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y las organizaciones aglutinadas en esta entidad empresarial, tomaron la decisión de iniciar una acción de amparo ante los desmanes que los transportistas someten a la población y a los que debían ser sus clientes naturales: los empresarios.
La acción de amparo procura preservar los derechos constitucionales de los ciudadanos y en este caso específico se procura que se cumpla con la ley No. 578-64, que prohíbe el establecimiento de monopolios en provecho de particulares.
Esta es una acción de amparo por la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de empresa, a la libertad de contratación, a la libre competencia y a la libertad de tránsito.
Era de esperar que una acción de este tipo no fuera aceptada por la dirigencia de los seudo sindicatos. Incidentando los procesos hasta el punto de que fue necesario trasladar el juzgado que lleva el caso al antiguo Palacio de Justicia, ya que la inmensa cantidad de abogados representantes de los mil y un sindicatos, además de los abogados que se han presentado como intervinientes voluntarios lo que pretenden es seguir incidentando un proceso que de por sí debe ser ágil.
El fin es alargar el proceso, evitar que se conozca el fondo, para seguir abusando de una población hastiada del caos y el desorden.
Por las redes he podido leer el enorme respaldo con que cuenta esta acción, ya que no sólo hemos sido los empresarios los que hemos sufrido las acciones vandálicas, que han sido tan osados y falta de conciencia, que no se han conformado con quemar equipos privados, sino que fruto de sus acciones criminales incendiaron una guagua quemando a varios inocentes que iban a su lugar de trabajo.
De todo sacan beneficio, lo vimos con el aumento de los peajes. Un aumento de treinta pesos resultó en un aumento de los pasajes de cinco pesos. Un minibús de treinta pasajeros cobrará RD$150 para compensar un aumento de RD$30.
Volviendo a las redes, también he leído algunos que dicen que la acción de amparo es para que el sector privado maneje el transporte. De mi parte, mi apoyo es a la ciudadanía, no creo que la solución sea cambiar un monopolio por otro. Es buscar soluciones que mejoren la calidad de vida, ya que el tránsito en nuestro país no sólo se ha convertido en un enorme problema de accidentes que dejan como resultado incapacidades de por vida, sino que afecta la tranquilidad de los que transitamos por las ya insoportables calles.
No es posible que la sociedad continúe recibiendo un trato degradante por grupos que por años han entendido ser dueños de todo y que pretenden tener más poder que el que sustentan, buscando posiciones congresionales para desde ahí generar mayores presiones para mantener el statu quo.
Los empresarios tenemos una tarea pendiente, es trabajar para eliminar la desconfianza que generan muchas de nuestras acciones. La época de las confrontaciones de ideas es algo del pasado. Vivimos en un mundo de servicio, donde las relaciones entre cliente y suplidor tienen que ser armónicas. Nadie se queja y maldice cuando compra en Amazon, de la misma forma debe ser con los empresarios locales. Más aún que estos están directamente relacionados no sólo con el empleo sino con las necesidades y tragedias de la población como lo es en estos momentos en la zona norte.
