Las observaciones críticas “disidentes” al expediente del Ministerio Público contra el senador Félix Bautista y sus socios equivalen de alguna manera a una justificación del “No ha lugar” a favor del acusado. Vale preguntarse, incluso desde una perspectiva de lego como ciudadano común y corriente, si para los cinco jueces del tribunal el material de defensa estaba por el contrario exento de defectos desde el punto de vista del derecho. Lo que sucedió en la Segunda Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia sienta un funesto precedente. En el futuro si una persona en situación de conocida estrechez económica acumula en tiempo récord una fortuna escandalosa en el ejercicio de una posición pública, podría quedar exonerado de culpa simplemente porque el expediente acusatorio presente defectos “técnicos” u otra clase de debilidad, a despecho de cuán evidente sea el enriquecimiento ilícito, sea por desfalco, falsedad de documentos o lavado de activos.
Los hechos en que se basó la acusación son tan evidentes, que el caso no resiste siquiera una auditoría visual. Culpar al Ministerio Público por la decisión del tribunal me parece injusto. Apena y duele que el debate se centre ahora en un supuesto mal diseño del expediente y no en la dimensión de la realidad que lo movió, como si se tratara de los planos arquitectónicos de un inmueble y no del más emblemático esfuerzo que se haya realizado en mucho tiempo para proteger el patrimonio público.
Inclino mi cabeza ante el Procurador General de la República y los fiscales que le acompañaron en esta cruzada de honor, y coloco sobre la solapa del traje que me cubre un crespón en señal de duelo por la muerte de otra esperanza, por causa de puros tecnicismos legales. La sentencia de este “miércoles negro” de la secuestrada justicia pesará con fuerza demoledora sobre la conciencia, si le queda, de todo el aparato judicial dominicano.
