Resulta interesante ver como en las últimas décadas España ha ido fortaleciendo sus instituciones públicas y cómo está dando señales de estar consolidando una auténtica democracia con igualdad de derechos y deberes para todos.Por ejemplo, hace varias semanas que la prensa se está haciendo eco de que la justicia española ha estado investigando algunas operaciones del yerno del Rey, quien al amparo de una institución sin fines de lucro que preside, ha utilizado su influencia política para obtener grandes beneficios personales que no se pueden justificar. Lo más alentador es que el propio Rey ha dicho que la justicia debe actuar sin importar las relaciones personales que pueda tener con el duque de Palma, el esposo de su hija.
Pero el caso que más debe llamar nuestra atención, es el juicio que se lleva a cabo desde hace varios meses en contra del expresidente del gobierno valenciano Francisco Camps, así como del secretario general del Partido Popular valenciano, a los cuales se les acusa de haber recibido dádivas personales, a cambio de conceder contratos del gobierno regional en beneficio de algunas de las empresas que hicieron dichos regalos. Resulta ejemplar que uno de los principales cuestionamientos que hace la justicia española es que el señor Camps, aceptó que le regalaran varios trajes. En el juicio que se le sigue al referido funcionario hasta el sastre que confeccionó los trajes ha tenido que acudir a la justicia para que informe quien fue el que pagó dichas prendas de vestir.
Este ejemplo que le está dando España al mundo, especialmente a las naciones en vías de desarrollo, debe ser apreciado en toda su significación.
En nuestras naciones subdesarrolladas, tanto económica como políticamente, es normal ver cómo constantemente algunas empresas y personas, incluyendo contratistas del gobierno, hacen valiosos obsequios a altos funcionarios públicos con la única intención de que esos funcionarios los beneficie con alguna concesión del gobierno, las cuales se otorgan al margen de las regulaciones vigentes, pues sólo así se puede entender la razón que motiva esos valiosos obsequios.
En los Estados Unidos, así como en numerosas naciones desarrolladas, está prohibido que los funcionarios, incluyendo al presidente de la nación, acepten obsequios cuyo valor exceda el máximo permitido, el cual en la mayoría de los casos es sumamente bajo.
Esta sana práctica llega al extremo de que si un jefe de Estado regala al presidente de los Estados Unidos algo que exceda ese valor máximo, tiene la obligación de entregarlo al Departamento de Estado para su custodia.
Consideramos que uno de los primeros decretos que debe dictar nuestro próximo presidente, es prohibir a cualquier funcionario del gobierno que bajo ninguna circunstancia acepte un regalo personal, pues en la realidad no existe razón alguna que justifique dicho obsequio. Incluso ese decreto también debe prohibir que los funcionarios realicen obsequios a terceros adquiridos con fondos públicos, pues también esto es igualmente injustificable.
