La decisión de los senadores de aumentarse el salario, en adición a los múltiples privilegios que ya poseen (barrilito, exoneraciones de vehículos, gastos de representación, dietas, etc), ha levantado una ola de explicable y justificada indignación popular, diariamente visible en las redes sociales.
Las reacciones tienen su fundamento en dos circunstancias esenciales. La primera se conecta con la incapacidad del Estado y la economía para satisfacer las diarias y crecientes demandas. Como consecuencia de ello el gobierno alega la imposibilidad de atender los reclamos de mejoras salariales de los médicos y otros sectores, dada la precariedad de recursos que imponen un acuerdo hacia una reforma fiscal integral. La segunda, más importante todavía, se relaciona con el precepto constitucional que condena toda forma de legislación en provecho propio.
La creación del Tribunal Constitucional dotó al país de un instrumento eficaz para abolir las malas, viciosas y añejas prácticas del quehacer político dominicano. La decisión injustificada de los integrantes del Senado pone a prueba la fortaleza de ese mecanismo. Es imperiosa la necesidad de sentar un precedente de tal magnitud que impida en el futuro acciones tan descabelladas, contrarias al buen sentido y la prudencia en el manejo de los recursos públicos.
De manera pues que el Tribunal Constitucional está en capacidad de anular tan desacertada iniciativa senatorial en base a que la misma viola un principio universal, reconocido en nuestra Carta Magna. Se establecería de este modo un sano precedente para el adecentamiento futuro de la vida pública. Si se alega la inexistencia de un recurso, ahí están, para motorizarlo, los cuatro senadores de oposición, obligados moralmente a actuar de forma distinta para lo cual fueron elegidos. Serán ellos los que no tendrán excusas si proceden igual que los demás.
