Independientemente del resultado electoral, es poco probable que este año que inicia traiga cosas nuevas en materia económica. Por un lado, la economía continuará creciendo a buen ritmo principalmente gracias a una activa demanda interna y en menor medida debido al crecimiento del turismo. La demanda interna ha sido y continuará siendo empujada por el consumo y las inversiones públicas y privadas, pero no por las exportaciones porque a pesar de la recuperación de la economía estadounidense, la oferta de bienes exportables sigue siendo, en general, poco competitiva especialmente por problemas de calidad y costos. Por otro lado, la inflación se mantendrá baja debido a la política monetaria restrictiva, pero también gracias a los bajos precios del petróleo que además de reducir costos y precios en general, ayuda a reducir la demanda de divisas y a contener las presiones devaluatorias.
Por supuesto, una economía creciendo y con reducidos aumentos de precios hace que las tensiones sean menores. Aunque no se generan empleos suficientes como para reducir la tasa de desempleo, en términos netos no se pierden puestos de trabajo. Además, no hay una escalada de incrementos de precios que reduzca drásticamente el poder de compra de la gente.
Sin embargo, como se trata de un año electoral, todo seguirá igual y las reformas fundamentales que contribuyan a lograr un crecimiento más sano que genere oportunidades más amplias de empleos de calidad, recursos para el fisco y la seguridad social, y un fortalecimiento de la productividad y la competitividad no estarán en la agenda. Es probable que ni siquiera la reforma el sector eléctrico, actualmente en discusión, logre prosperar en una dirección sustantiva. Sin embargo, hay dos riesgos a los que habrá que prestar atención en 2016. Ambos ya han sido abordados en el debate público. El primero es que la presión electoral antes de las elecciones conduzca a un desborde del gasto público que sea difícil ajustar lo suficiente a lo largo del resto del año como para compensar el desbalance inicial.
En general, en años electorales el gasto público se dispara por encima de lo usual antes de las elecciones y luego se reduce en busca de compensar el “desarreglo”. Esto es posible por la alta discrecionalidad en la gestión del gasto público, por las debilidades en el cumplimiento de las reglas fiscales y de la gestión presupuestaria, y por la falta de consecuencias sobre quienes toman decisiones.
La presión sobre el gasto público se agudizaría si el partido de gobierno percibe que la competencia electoral es más cerrada de lo que esperaba o que el triunfo en una primera vuelta no está garantizado. En ese caso, el riesgo es que la economía termine con un déficit fiscal más elevado de lo programado, con una demanda de financiamiento igualmente superior y con una agudización de la percepción de un sistema fiscal frágil y vulnerable. Eso encarecería la deuda y ahuyentaría las inversiones más comprometidas.
El segundo riesgo es que la Reserva Federal de Estados Unidos acelere el paso hacia el total restablecimiento de la normalidad en su política monetaria. Eso implicaría una elevación sostenida de las tasas de interés en los mercados financieros mundiales. El primer efecto obvio de esto es el aumento del costo de la deuda pública a contratar y mayores dificultades para financiar el déficit público y, a largo plazo, para pagar la deuda pública externa.
El segundo efecto es una reducción de los fondos para financiar proyectos de inversión extranjera. Los proyectos de inversión en el país estarían compitiendo con rendimientos financieros más elevados en los mercados financieros. El tercer efecto podría ser positivo aunque pequeño. Se fortalecería el dólar estadounidense frente a otras monedas fuertes como el euro porque los flujos financieros se dirigirían a los mercados y las bolsas de Estados Unidos buscando mayor rentabilidad. Esto supondría una devaluación de esas monedas frente al dólar y frente a las monedas vinculadas como el peso dominicano haciendo la oferta exportable dominicana (turismo y bienes) un poco más competitiva en Europa y otros mercados.
Frente a esos dos riesgos, cuidar el balance fiscal es, en el corto plazo, la recomendación más razonable para evitar incrementar el endeudamiento más caro y un mayor descrédito de las instituciones fiscales. Pero como en esta materia la desconfianza es alta, la advertencia es insuficiente. El caso amerita una vigilancia especial y continua por parte de todo el mundo.
