La República Dominicana, como todo país, tiene derecho a explotar racionalmente sus recursos naturales, incluso los no renovables. Y puede hacerlo en condiciones amigables con el medio ambiente. El fundamentalismo ambiental podría frenar los planes de desarrollo de la economía si llegara a pautar las reglas del debate. Por eso, la mayoría de las naciones lo han encarado aprovechando con racionalidad su petróleo y otras riquezas del subsuelo. ¿Por qué los dominicanos no podemos hacer lo mismo? Es cierto que toda explotación conlleva un riesgo ambiental, pero éste puede ser perfectamente neutralizado con las tecnologías existentes y la explotación de Pueblo Viejo es un buen ejemplo de ello. La oposición radical a la minería de gran escala puede convertir, como ya fue el caso de Loma Miranda, un tema del más alto interés nacional, en mero asunto de opinión pública.
Los argumentos contra la minería se sustentan en tabúes que el desarrollo de la tecnología desmonta. Pero ahora se mueven hacia el problema eléctrico y más adelante, si no se enfrentan con racionalidad terminarán trazando las normas de la política minera y energética, primero, para terminar fijando las reglas de la economía. El activismo ambientalista no cesa. Su próximo objetivo, del que ya se ven señales, se dirigirá probablemente a crear un clima negativo a la explotación en otros lugares donde hay señales de grandes reservas de minerales, lo que frenaría la expansión y el crecimiento de la economía.
Lo que el país debe hacer con sus recursos naturales es proveerse de códigos estrictos que normen su explotación, como lo hacen las naciones que han alcanzado un óptimo aprovechamiento de sus riquezas, y, por supuesto, mejorar su capacidad de negociación, sobre la base de una comprensión de su potencial y la vida útil de esos recursos, para su mejor aprovechamiento presente y futuro. El mundo moderno no se concibe sin el uso de esos recursos.
