En nuestro país muchos confunden la propiedad del Estado con el derecho individual de algunos de apropiarse de un bien estatal o de que los detentadores del poder administren estos bienes a su antojo. Y es que existe una peligrosa cultura de creerse dueño de bienes ajenos, la cual ha provocado que muchos de nuestros gobernantes históricamente hayan manejado los fondos públicos como si fueran propios, enriqueciéndose a sí mismos y a su entorno pero empobreciendo a la nación.
Debe mover a preocupación que poco a poco se haya ido aceptando que los fondos de pensiones acumulados gracias al aporte en un 70% de los empleadores y un 30% de los empleados y que en nueve años han alcanzado la cifra aproximada de 190,000 millones de pesos; estén siendo manejados para conveniencia de las políticas de los gobiernos de turno.
Primero fue la inversión en certificados del Banco Central, no autorizada en la ley de Seguridad Social original y que dado la negativa de los representantes del sector empresarial en el Consejo de Seguridad Social a aprobarla, fue impuesta mediante modificación legislativa en el año 2007. Luego vino la aprobación de la inversión en bonos emitidos por el Estado a través del Ministerio de Hacienda, lo que ha provocado que más de un 60% de los fondos estén invertidos en el Banco Central y Hacienda y menos de un 5% en bonos de empresas privadas.
Precisamente porque se ha confundido el interés de los dueños de los fondos, que son los empleados cotizantes en el Sistema, con el de las autoridades, irresponsablemente la totalidad de los fondos está invertida en pesos dominicanos y han sufrido el impacto de la devaluación, lo que al igual que la falta de diversificación de la cartera está reñido con las mejores prácticas de regulación de un sistema de pensiones.
La posibilidad que abre la Ley de Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso de que las AFP puedan invertir en instrumentos sobre proyectos habitacionales debidamente autorizados, también se está distorsionando. El tratamiento del tema aparenta que esos fondos serán utilizados para estos fines por decisión de las autoridades, olvidándose que el propósito de la administración de estos no es que un grupo de trabajadores cotizantes pueda adquirir una vivienda por noble que este sea, sino que todos los cotizantes puedan tener una pensión que les permita sobrevivir cuando llegue su retiro laboral.
Lamentablemente nadie parece estar preocupado porque los fondos de pensiones no estén teniendo rentabilidad real y que se esté poniendo en peligro el objetivo de que garanticen un retiro digno a los futuros pensionados. Si no reclamamos que las autoridades en vez de pensar en cómo beneficiarse de los fondos de pensiones empiecen a dictar normativas como manda la ley para que sus legítimos dueños tengan la garantía de que los mismos han sido administrados con la prudencia y buena gestión necesaria; nos lamentaremos mañana cuando estos fondos no rindan el resultado esperado por los trabajadores.